Archive for 31 marzo 2011

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Por falta de proyecto… vía exprés se fue!

marzo 31, 2011

Ejecutivo no dio la información necesaria para poder analizar bien la autopista de cuota, indican

Diputados desechan proyecto Vía Exprés

Por considerarla incosteable, las comisiones de Desarrollo Urbano y de Hacienda dictaminaron en contra la iniciativa del gobernador.

Enviar Nota Imprimir 2011-03-31•Ciudad y Región
Proyecto de la Vía Exprés. En el Congreso se le consideró pernicioso para la imagen y desarrollo de la ciudad.

Proyecto de la Vía Exprés. En el Congreso se le consideró pernicioso para la imagen y desarrollo de la ciudad. Foto: Cortesía Gobierno del Estado

Otro de los grandes proyectos del gobernador Emilio González Márquez fue enterrado ayer. Las comisiones legislativas de Desarrollo Urbano y de Hacienda rechazaron la iniciativa que envió el mandatario para construir una avenida de peaje en la zona metropolitana de Guadalajara, conocida como Vía Exprés.

La iniciativa también fue turnada a las comisiones de Asuntos Metropolitanos y Vialidad. La primera, que preside la diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Araceli Gómez Flores, ya la había rechazado. La comisión de Vialidad no pudo participar en la sesión conjunta programada ayer, porque no llegó el presidente, el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry de Castro Palomino.

En Hacienda, que preside Patricia Retamoza Vega, del PRI, el proyecto fue rechazado por la mayoría, con la abstención de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN). Lo mismo sucedió en Desarrollo Urbano, encabezada por el priista Marco Barba Mariscal, quien aseguró que la Comisión de Vialidad se adherirá a sus dictámenes.

Patricia Retamoza explicó en la sesión que rechazaron la iniciativa porque fue un proyecto falto de claridad, pernicioso para la imagen y desarrollo de la zona metropolitana y que dejó dudas sobre el financiamiento.

Recordó que la obra requería una inversión de 6,500 millones de pesos, de los que dos terceras partes saldrían de un crédito y el resto de inversión privada. Sin embargo, la revisión de la recuperación arrojaba que era inviable, por lo que sería necesaria la intervención del gobierno del estado con recursos públicos.

En la iniciativa que envió el gobernador Emilio González Márquez al Congreso del Estado, se establecía que el proyecto consistía en una vía elevada de peaje de 23.06 kilómetros, de los cuales 16.06 se construirían sobre el derecho de vía del ferrocarril y siete kilómetros sobre vialidades.

La Vía Exprés cruzaría los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque y tendría seis incorporaciones en las avenidas Aviación, Periférico, Patria, López Mateos, Mariano Otero, Lázaro Cárdenas, autopista a Zapotlanejo y carretera a Chapala. Sería de cuatro carriles, con un ancho total de 16.3 metros y contaría con sistema de pago automático.

En conferencia de prensa, Marco Barba señaló que en diversas ocasiones se pidió información al Ejecutivo, sin que fuera remitida, pues sólo se envió un resumen de un análisis de riesgo. Nunca se aclaró qué dependencia se haría cargo de fijar las tarifas ni los límites en este tema para la concesionaria; agregó que la obra no estaba ligada a un plan integral de movilidad y nunca se enviaron los estudios de impacto ambiental.

Patricia Retamoza, señaló que en caso de que el aforo resultara por debajo de la proyección de demanda, la vía sería inviable. En ese caso, el proyecto tendría que ser asumido por el gobierno del estado. En cuanto a si no temen represalias del gobernador, dijo que no, pues “ya qué más nos pueden quitar”.

El 10 de abril aumenta tarifa de los taxis

A partir del 10 de abril entra en vigor el incremento de 34.4 por ciento en las tarifas del servicio de taxis en la zona metropolitana de Guadalajara, aprobado desde el 25 de febrero pasado. El último requisito para oficializar las nuevas tarifas se cumplió el pasado 26 de marzo, al aparecer el acuerdo respectivo en el periódico oficial El Estado de Jalisco, en el que se prevé que éste entre en vigor a los quince días de su publicación y que el uso del taxímetro será obligatorio.

La fecha se cumple el 10 de abril. A partir de ese día, el costo del banderazo será de 8.50 pesos y de 6.45 pesos el de cada kilómetro adicional recorrido, mientras que la “caída” se tasó en 1.43 pesos. Por hora de servicio la tarifa se ubicó en 136 pesos.

En la tarifa nocturna se aplicará 25 por ciento de incremento, con lo que después de las 22:00 horas y hasta las 6:00 am, los costos serán: banderazo, 9.68 pesos; kilómetro adicional recorrido, 7.11 pesos; caída, 1.79 pesos; hora de servicio, 171.10 pesos.

Cuando el recorrido sea después del Periférico o en vías carreteras (al penal de Puente Grande o al aeropuerto), se debe aumentar 50 por ciento a las primeras tarifas señaladas.

En el caso de los autos de alquiler que operan en el sitio 61 de la Nueva Central Camionera en los trayectos hacia la zona metropolitana de Guadalajara, el cobro no podrá ser mayor a 349.57 pesos para las colonias más alejadas de la terminal (zona 14). (GuadalajaraRedacción)

Foto: Público

Otros fracasos

• En octubre de 2007 tuvo que dar marcha atrás a su intento de realizar un reemplacamiento para los vehículos del estado y luego para aumentar el costo del refrendo vehicular.

• En junio de 2008, el Arzobispado tuvo que devolver al gobernador los 30 millones de pesos que había donado para la construcción del Santuario de los Mártires.

• No prosperó su propuesta para fijar un impuesto para invertir en el bosque La Primavera, hecha en 2008.

• En noviembre de 2009 se archivó el proyecto de la presa Arcediano.

• El 27 de octubre de 2010 los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara rechazaron el proyecto para construir la Línea 2 del Macrobús.

• Ayer se le rechazó el proyecto de la autopista elevada de cuota denominada como Vía Exprés.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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Revocación de mandato… Ricardo Elias

marzo 31, 2011

(31-Mar-2011).-Así como hay Iniciativas de ley cuestionables (por ejemplo, la que obligaría a una persona que se quiera esterilizar a obtener la autorización de su cónyuge), hay otras que se deben apoyar y aplaudir, como la propuesta enviada por el Gobernador de Jalisco para que se aplique la figura de “revocación de mandato”, y que tendría como objetivo permitir la destitución de Gobernadores, Presidentes Municipales, jueces, Magistrados, diputados y regidores que incumplan en su función de servir a los ciudadanos. 

Según la propuesta, la medición del incumplimiento se haría con base en indicadores de gestión específicos como los incluidos en la Agenda Única Para la Competitividad (AUPC) impulsada por empresarios y académicos, que incluye 35 proyectos prioritarios para el Estado y que, de realizarse, ubicaría a Jalisco en los primeros cinco lugares de competitividad.

El Mandatario dijo lo que queríamos oír: “Si un Gobernador no está cumpliendo, que lo podamos quitar, (…) de esta manera tendremos gobernantes y políticos que se preocupen más por servir a la gente y darles resultados, que por ganar la próxima elección”.

Lo que habrá que ver ahora es si esta iniciativa, que sin duda favorece a los ciudadanos y compromete a los políticos, será aprobada, y si los métodos de evaluación que en su caso se utilizarían serán tangibles y aplicados por los ciudadanos y no por ellos mismos, como ocurre cada vez que se quiere auditar o sancionar a un funcionario.

Para ello, podría utilizarse un modelo de evaluación de resultados similar al “Sistema de Monitoreo para la Competitividad” que el empresariado mexicano también anunció.

Un mecanismo de esta naturaleza nos permitiría a todos saber, mediante diversos indicadores y variables, y sin manipulación de cifras y estadísticas, cómo vamos realmente en temas como educación, empleo, medio ambiente, economía, infraestructura, seguridad y buen gobierno; y haría que los proyectos y programas que interesan y convienen a la sociedad fuesen evaluados por expertos y que continúen más allá de los trienios y sexenios de la Administración pública.

La premisa utilizada, y que dice: “lo que no se mide, no se puede mejorar” es clave para la evaluación de desempeño de las personas a quienes hemos encomendado la conducción del Estado y la ejecución de proyectos de los cuales depende la calidad de vida de todos.

En la Administración pública, el desempeño o “government performance”, es un concepto relativamente nuevo, el cual se refiere a “la productividad, calidad, oportunidad, responsabilidad y eficacia” de los servicios y programas públicos. La eficiencia y la eficacia, aunque suenen parecido, no son lo mismo. La eficiencia se refiere a la habilidad para desarrollar una actividad al mínimo costo posible, en tanto que la eficacia mide si los objetivos predefinidos para la actividad se están cumpliendo.

Los ciudadanos debemos tener la capacidad de evaluar el desempeño de los funcionarios públicos, con herramientas eficaces, objetivas y técnicamente correctas, como serían los diversos índices y variables que un sistema profesional de monitoreo podría aportar. Sistemas similares se han aplicado ya en otros países miembros de la OCDE y deben ser aceptados por el Gobierno y la sociedad como mecanismos válidos y confiables para evaluar la función pública y sus resultados.

Ser funcionario público implica responsabilidades gerenciales directamente relacionadas con los aspectos organizacionales, presupuestales y de calidad en la prestación de los servicios públicos.

Tan en pañales estamos en la medición de desempeño del Gobierno que es de risa hablar de la calidad de un servicio público cuando nos damos “de santos” con que el servicio exista, aunque sea de pésima calidad.

¿Podremos algún día destituir a un diputado que no hace nada o exigirle a un Gobierno municipal que nos pague, por ejemplo, el daño causado a nuestro auto al haber caído en una alcantarilla sin tapa? ¿O es mucho pedir?

Por lo pronto, mientras no podamos revocarle el mandato a nadie, habrá que votar por el candidato que prometa menos, así la decepción será menor.

“Voy derecho y no me quito…”.

twitter: @ricardoelias1

ricardoelias1@gmail.com

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Seguridad y parentescos

marzo 28, 2011

    • En tres patadas por Diego Petersen Farah

Las primeras partidas directas a seguridad que la Federación le envió a los municipios terminaron en una gran proporción en camionetas de lujo

Si la seguridad fuera un problema de dinero, créame que hace tiempo que estaría resuelto. Pero no lo es. Los países más ricos no son los que han resuelto el tema de la seguridad; las ciudades más ricas no son las que tienen menores índices de delincuencia; los hombres más adinerados no viven más seguros. La seguridad no es un tema de billete. Tiene mucho más que ver con la inteligencia, pero sobre todo con la justicia. Los países más seguros son lo que tienen mejor distribución de la riqueza; las ciudades más seguras son las que han resulto sus cinturones de miseria; las personas se sienten más seguras donde rifa el estado de derecho.

El presupuesto para seguridad en este país se ha multiplicado por decenas, de Zedillo a Calderón. Si algo no ha faltado son recursos para pertrechar a las Policías, la gran pregunta es ¿qué beneficio ha traído y qué se ha hecho con ese dinero? Las primeras partidas directas a seguridad que la Federación le envió a los municipios terminaron en una gran proporción en camionetas de lujo. Hoy hasta el alcalde del pueblo más enano quiere traer camioneta, por “razones de seguridad”. 15 años y miles de millones de pesos después, el diagnóstico es el mismo: el problema de las Policías estatales y municipales es la falta de capacitación y el poco nivel de confianza de los elementos. Eso, que era ya un problema en 1995, por supuesto que no se resolvió con los choros de dinero.

El crédito de mil millones que el Gobierno está pidiendo para atacar el crimen organizado va a lograr, en el mejor de los casos, que el Gobierno se sienta más seguro, que tenga más capacidad de reacción, pero no va a resolver ni de lejos el tema de inseguridad, y mucho menos el sentimiento de inseguridad.

Otra vez el atore del crédito está en el tema partidos. El PRI y PRD no quieren autorizarle al Gobierno del Estado mil millones de pesos para comprar equipo de seguridad, porque saben, y lo saben porque son tan tahúres los unos como los otros, que en ninguna rama de gasto hay tanta discrecionalidad y manejo de concursos a modo como en las compras de equipo de seguridad. Lo hemos visto una y otra vez: desde chalecos, hasta patrullas, no hay compra de seguridad que no deje una sombra de duda esparcida por toda la ciudad. Cada vez que haya un muerto, el Gobierno del Estado va a aprovechar para urgir al Congreso que le aprueben el crédito, como lo hizo la semana pasada. El Congreso va a usar cualquier excusa, las válidas y las de mentiras, para atar la decisión a otras negociaciones y otras resoluciones. Lo que están discutiendo, pues, no es la seguridad del Estado, sino el reparto del presupuesto.

El dinero y la seguridad son parientes lejanos. El gasto y la corrupción, por el contrario, son como padre e hijo.

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Negocios de “CONGRESO”

marzo 28, 2011

Un recibo oficial cuesta al gobierno 0.63 pesos, mientras que el Congreso lo oferta en 2.93 pesos

Por caras, el Ejecutivo no le compra formas valoradas al Congreso

Diputados venden los documentos en cuatro veces su costo, ante lo cual los entes públicos prefieren adquirirlos directamente a proveedores.
  • 2011-03-28•Ciudad y Región
Sesión del Congreso del Estado. El Ejecutivo critica al Legislativo por usar las formas valoradas con fin recaudatorio.

Sesión del Congreso del Estado. El Ejecutivo critica al Legislativo por usar las formas valoradas con fin recaudatorio. Foto: Iván García

El Congreso del Estado vende las formas valoradas a un precio cuatro veces superior al que se pueden encontrar en el mercado, lo que ha provocado que algunos entes públicos prefieran adquirirlas directamente, entre las que están el gobierno del estado. Mientras el proveedor al que compra el Poder Legislativo ofrece los recibos oficiales en 0.63 pesos, los diputados lo ofertan a municipios y dependencias estatales en 2.12 pesos y en la Ley de Ingresos aparece un cobro de 2.93 pesos.

Las formas valoradas son los recibos que se entregan a los ciudadanos cuando hacen el pago de un servicio público, como podría ser el impuesto de tenencia o predial. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización para el estado, deben ser emitidas por el Congreso del Estado y sirven para que al momento de auditar a los entes públicos, se puedan determinar los ingresos que tuvieron por cada uno de los cobros.

Según documentos en poder de este diario, el Congreso del Estado adquirió en marzo de 2009 dos millones de formatos para recibo oficial único, a un precio de 1.06 pesos más IVA por unidad, es decir, 1.2 pesos. Son los mismos precios que actualmente se pagan al proveedor, aunque el Poder Legislativo vende, a su vez, a 2.93 pesos cada recibo.

De acuerdo a los tabuladores establecidos en la Ley de Ingresos estatal de este año, publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 28 de diciembre del año pasado, el recibo oficial de ingresos tiene un costo de 2.93 pesos. A pesar de que ya se establecieron las tarifas, todavía hay entes públicos que no adquieren los formatos a los diputados.

El artículo 51 de la Ley de Fiscalización señala que “las entidades fiscalizadas estatales y municipales deberán adquirir las formas valoradas y recibos para cobros de ingresos de las haciendas públicas estatal y municipales, en los términos de la ley, ante el Congreso del Estado y previo pago de los derechos correspondientes previstos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal que corresponda”.

Entrevistado al respecto, el secretario de Administración estatal, Ricardo Serrano Lizaola, admitió que el Ejecutivo sigue sin adquirir los formatos al Congreso, ya que les implicaría pagar cuatro veces lo que cuesta si adquieren los formatos directamente con el proveedor. Se le mencionó que si esto no implica violar los establecido en la ley, a lo que respondió que los precios que deben manejarse “son los del mercado, porque la venta de formas valoradas no puede cumplir una función recaudatoria”.

Ricardo Serrano confirmó que los recibos oficiales, que son la mayor parte de formatos que adquiere el gobierno del estado, tienen para ellos un costo de 0.63 pesos.

Afirmó que no pueden pagar los 2.93 pesos que pretende el Poder Legislativo. Cada año, el gobierno del estado compra alrededor de dos millones de esos formatos, por lo que el ahorro al comprarlos directamente es importante (alrededor de 4.6 millones de pesos).

Sobre las dificultades legales que esta situación podría provocar, recordó que actualmente hay una denuncia penal que interpuso el Congreso del Estado sobre el tema, por lo que esperarán la resolución para que se definan los alcances que la venta de estos formatos debe tener. Sin embargo, fuentes cercanas a la Procuraduría General de Justicia del Estado afirmaron que en los próximos días este caso será archivado.

Foto: Tonatiuh Figueroa

Claves

El conflicto

• Las formas valoradas son los recibos que se entregan a los ciudadanos cuando realizan un pago ante los ayuntamientos, el gobierno del estado o cualquier organismo público.

• Según la ley, corresponde al Congreso del Estado imprimir las formas valoradas y todos los entes públicos deben adquirirlas al Poder Legislativo.

• Las formas valoradas sirven para que al momento de auditar a los entes públicos, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco pueda determinar los ingresos que tuvieron.

• Estos formatos eran emitidos por la Auditoría Superior, pero en enero de 2008 los diputados decidieron hacerse cargo de ello.

• En 2009, el gobernador Emilio González vetó las tarifas que se establecieron para la venta de formas valoradas, mientras que en 2010 no se aprobaron nuevas. Tanto el gobierno del estado como algunos ayuntamientos, comenzaron a comprar las formas directamente a otros proveedores.

• El año pasado, el Congreso del Estado presentó una denuncia penal en contra del ex secretario de Finanzas, José Luis de Alba González, así como contra la actual directora de Ingresos del gobierno del estado, Ruth Cisneros, por no adquirir las formas valoradas al Poder Legislativo.

• Para este año, el gobernador sí publicó las tarifas de las formas valoradas, aunque en las observaciones que hizo al Presupuesto de Egresos hizo señalamientos sobre los elevados costos.

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez

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Reforma Política FEDERAL 3ra Llamada

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