Archive for 31 mayo 2011

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Sobre la consulta VILLAS PANAMERICANAS

mayo 31, 2011

El Bajío se salva “si se cumple” con las leyes ambientales

Concluyeron los participantes que acudieron al foro convocado por el Congreso del Estado en que es fundamental que se aplique la ley y se someta al “negocio privado” de la Villa.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 31 de mayo de 2011

La zona de El Bajío tiene posibilidad de conservar sus funciones ambientales, como uno de los sitios esenciales de recarga de la región, siempre que se logren mantener densidades bajas de construcción y que se respete su funcionamiento hidrológico, concluyeron ayer los ponentes que acudieron al foro convocado por el Congreso del Estado.

De este modo, se propone “que en el proyecto privado Villa Panamericana se cumpla con las leyes, reglamentos y ordenamientos urbanos y ecológicos vigentes, para lo cual, los desarrolladores deberán aportar las hectáreas faltantes al proyecto o demoler las edificaciones excedentes hasta cumplir con la normatividad vigente”.

Además, “excluir del proyecto el predio que se encuentra dentro del área natural protegida; que la construcción respete los cauces y cuerpos de agua propiedad de la nación; que se entreguen al ayuntamiento las áreas de cesión sin conflictos legales y la cantidad de hectáreas conforme al proyecto y ordenamientos vigentes, y que se implemente un sistema de monitoreo hidrológico, particularmente de los escurrimientos y de los mantos acuíferos en la zona El Bajío y en toda el área metropolitana de Guadalajara, para vigilar la calidad del agua”.

La superficie completa de esa planicie baja es de alrededor de 1,200 hectáreas (ha), de las que se han urbanizado poco más de 100 ha, lo que demuestra que se está a tiempo de controlar la zona, dijo el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa. Por su parte, el ingeniero experto en aguas subterráneas, Arturo Gleason Espíndola consideró necesario dar a los elementos ambientales el mismo nivel de los económicos o sociales, así como evitar el doble discurso.

“Porque no se vale estar jugando con dos caretas, Zapotillo y sacando a la gente imponiendo su voluntad y por otro lado me hago, me hago mutis o me hago tonto y se hace lo que quiere con el territorio, y luego me desgarro las vestiduras diciendo que ya no hay agua del subterráneo”.

Los ponentes también acordaron “solicitar a las autoridades competentes, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes por actos, hechos u omisiones, y en su caso, la imposición de sanciones a todos los servidores públicos que presumiblemente faltaron a alguna disposición legal. Las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos responsables de las autorizaciones indebidas son independientes de las responsabilidades que puedan suscitarse en el orden civil o penal por la comisión de los mismos hechos y no están excluidas de las sanciones por los daños o perjuicios causados a la Hacienda Pública, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios”.

PUBLICADO POR AGUSTÍN DEL CASTILLO
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Reforma al art 72 Carbonell

mayo 29, 2011

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AGU Iniciativa de Candidatos Ciudadanos

mayo 26, 2011

Impulsa candidato sin partido

PorFrancisco de Anda (26-May-2011).-

El diputado local panista, Abraham González Uyeda, presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa que prevé la creación de la figura de candidatos independientes en Jalisco.

En la exposición de motivos, González Uyeda refiere el juicio que siguió el ex Canciller Jorge Castañeda ante instancias nacionales e internacionales en defensa de la figura de las candidaturas independientes.

“Las candidaturas independientes deben ser una fórmula de acceso a ciudadanos sin partido para competir en procesos comiciales, no una vía para la promoción de intereses personales o de poderes fácticos que atenten contra la democracia y el propio sistema electoral y de partidos políticos”, señala la iniciativa de González Uyeda.

“Estos últimos deben seguir siendo la columna vertebral de la participación ciudadana, los espacios naturales para el agrupamiento y cohesión de la diversidad que está presente en la sociedad, de forma tal que la diversidad encuentra en ellos un cauce democrático para dar lugar a la pluralidad de opciones que compiten por el voto ciudadano y hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos de elección popular”.

El fundamento legal que esgrime el legislador radica en que México tiene suscritos tratados internacionales que defienden el derecho político de los ciudadanos a ser votados, aunque no pertenezcan a un partido político.

“Esta propuesta tiene la finalidad de fortalecer la protección de dichos derechos político electorales del ciudadano, bajo los principios rectores de la materia electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad, lo cual se logra con la presente propuesta al plantearse la inclusión de las candidaturas independientes a nuestro sistema político electoral”, agrega el documento.

“Jalisco, como Estado promotor e impulsor de la democracia, permite la actualización de la Constitución local, así como de la ley secundaria en la materia, de conformidad a lo ordenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

La propuesta de González Uyeda implica hacer modificaciones a la Constitución local y a la ley secundaria en la materia que sería el Código Electoral.

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Sugieren eliminar “Homicidio por Honor”

mayo 26, 2011

Sugieren eliminar homicidio por honor

Por Jessica Pilar Pérez (26-May-2011).-

Los diputados locales del PAN pretenden eliminar la justificación de “legítima defensa del honor” cuando se asesina a la pareja por cuestiones de infidelidad.

Con esto, se pretende que el crimen sea castigado como homicidio o parricidio sin atenuantes, es decir, sin un “privilegio” para mitigar la sanción.

Actualmente, el homicidio se sanciona con penas que van de los12 alos 18 años de cárcel, pero si se alega la justificante de “legítima defensa del honor”, ésta puede bajar a entre 6 y 12 años de prisión.

La fracción parlamentaria del PAN pretende desaparecer el artículo 221 del Código Penal del Estado, en el que se menciona que se podrá hacer uso de la justificante cuando se sorprenda al cónyuge, concubina o concubinario en el acto carnal con otra persona o en un momento próximo a su consumación y lo victime o lesione.

Para el coordinador de los panistas, José María Martínez Martínez, ésto ayudará a aminorar la violencia intrafamiliar, pues la mayoría de veces las víctimas son mujeres.

La propuesta de los diputados panistas toma como base la recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en su diagnóstico sobre el País pidió derogar las agravantes o atenuantes que responden a consideraciones morales y protegen el honor, así como las disposiciones que perdonan o que sancionan con penas muy bajas.

El legislador consideró que el homicidio por honor es una afrenta a los derechos humanos y una incongruencia con las políticas del Estado mexicano y de Jalisco de respeto irrestricto a la mujer.

Martínez Martínez dijo que para su partido, la dignidad de la persona y el valor de la vida no pueden estar sujetas a agresiones de ningún tipo, por lo que no es justificable matar a la pareja por adulterio, argumentando defensa del honor.

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Demanda Gabriel Valencia López al legislativo

mayo 25, 2011

También incluye a presidentes del Congreso

Presentan demanda de juicio político contra coordinadores

Ciudadano los acusa de no actuar ante irregularidades de Legislatura pasada.

Porque no han actuado para investigar y sancionar las irregularidades que se presentaron durante la pasada Legislatura, Gabriel Valencia López presentó ayer al mediodía una demanda de juicio político en contra de los actuales coordinadores parlamentarios, del auditor superior, Alonso Godoy Pelayo, y de dos de los presidentes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

La demanda fue presentada en la Oficialía de Partes del Congreso local contra los actuales líderes parlamentarios del partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Marrufo Torres; Partido Acción Nacional (PAN), José María Martínez Martínez; Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vargas López, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry de Castro Palomino.

También va en contra de Enrique Aubry y Jesús Casillas Romero, quienes fueron presidentes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

La demanda es parte de las acciones que ha emprendido Gabriel Valencia, ante la entrega de información incompleta de los recursos que recibieron los diputados de lo que se conocía como la partida 8000, durante 2007.

Gabriel Valencia López presentó una denuncia penal por los faltantes de información. El día de ayer explicó que al momento la actual Legislatura no ha entregado la información que le fue requerida por el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa.

Se incluyó al auditor porque en la revisión de la cuenta pública de 2007 “no realiza las observaciones, incurriendo en responsabilidad, tal y como lo establece” el artículo 90 de la Ley de Fiscalización, “así como por no cuantificar el daño que sufrió el Congreso del Estado”.

Congreso debe revelar nómina
(Guadalajara / MR)

Consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) ordenaron al Congreso del Estado entregar toda la información sobre la nómina del Legislativo, que este poder negó a un ciudadano, aún cuando por ley debía estar publicada.

En sesión ordinaria celebrada ayer, el Consejo del Itei resolvió el recurso de revisión 299/2011, que se presentó ante la negativa del Congreso local a entregar copia simple de la nómina, actualizada al 5 de abril de 2011, incluidas las percepciones con fecha del 1 de febrero, cuando inició la actual Legislatura, y la cual fue negada bajo el supuesto de “inexistencia”, por lo que el ciudadano presentó el recurso de revisión, que el Instituto resolvió a su favor por tratarse de “información fundamental”, con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

El Consejo del ITEI otorgó diez hábiles a partir de que sea notificado, para que el Congreso del Estado de Jalisco entregue esta información como la ley lo establece.

El organismo resolvió otros catorce casos y admitió 25 recursos de revisión.

Guadalajara / Sonia Serrano Íñiguez

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Se Extravía expediente y Palemón queda limpio

mayo 24, 2011

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Ley Salvavidas a corrección

mayo 24, 2011

Agilizarán aprobación de candado que evitará que salga bajo fianza quien cause lesiones o muertes al conducir tomado

Diputados corrigen fallas de la “ley salvavidas”

Para evitar que evadan responsabilidad los conductores borrachos que se nieguen a la prueba de alcoholemia, se determinó que el examen pericial clínico médico tendrá la misma validez que ésta.
Prueba de alcoholemia. Quien la rechace será sometido a un examen pericial para determinar cuánto tomó. Foto: Tonatiuh Figueroa

Los diputados locales aprobaron ayer en comisiones la reforma para subsanar las fallas de la llamada “ley salvavidas”, para que quienes cometen un delito al conducir en estado de ebriedad un vehículo no eludan su responsabilidad.

Los cambios a la ley fueron aprobados por unanimidad y, a través de éstos, se determinó que el examen médico que se practica por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), una vez que el conductor ebrio está detenido, tiene la misma validez que el de alcoholemia, para que no pueda obtener la libertad bajo fianza. Los resultados del examen podrán ser tomados como prueba en las investigaciones, tanto durante la averiguación previa como ante el juez.

En el texto, se señala que no obtendrá el beneficio de la libertad la persona que participó en un accidente de tránsito en el que hubo lesionados o muertos, y “que se niegue a someterse a las pruebas de alcohol en sangre” y se le haya acreditado a través del “examen pericial clínico médico, que conducía bajo los influjos de alcohol o bajo algún tipo de droga o estupefaciente y que esa circunstancia alteró la facultad para conducir”.

El cambio se registra después de que el 12 de marzo pasado, el joven Pablo Mora Dragicevic, quien manejaba en estado de ebriedad, chocó contra otro vehículo y provocó la muerte de una jovencita. Con el apoyo de los agentes de Vialidad, el conductor, quien es hijo de un empresario, se negó a que se le hiciera el examen de alcoholemia. Ante esta situación, unos días después pudo obtener la libertad bajo caución.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jesús Casillas Romero dijo que espera que en la próxima sesión del pleno se apruebe la reforma con estrechamiento de términos, para que todo el proceso legislativo se desahogue en una sola sesión y pueda entrar en vigor lo más pronto posible.

La llamada “ley salvavidas” es un conjunto de reformas a diferentes ordenamientos locales, para elevar las sanciones a quienes conducen en estado de ebriedad. En el caso de los delitos como lesiones graves u homicidio, se eliminó la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza.

En el Congreso todavía están pendientes dos cambios más, ante las lagunas que se detectaron en esta reforma. Uno de ellos se refiere a la posible sanción para los peritos de la Secretaría de Vialidad que propicien o ayuden a una persona en estado de ebriedad para que no se practique el examen de alcoholemia.

Otra iniciativa que se presentó es para que se considere un agravante que una persona que participa en un choque y provoca lesiones graves o la muerte a otra persona, abandone el lugar del accidente.

Jesús Casillas insistió en que lo más importante con estos ajustes es que quien comete un delito grave al conducir bajo los efectos del alcohol “no se sustraiga a la acción penal”.

Rechazan “veto” a ley antiobesidad

••• Los diputados locales rechazarán el “veto” del gobernador Emilio González Márquez a la llamada Ley Antiobesidad y mantendrán la propuesta para que el instituto que se encargará de las políticas en materia de nutrición sea un organismo público descentralizado.

Así lo informó ayer el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jesús Casillas Romero, quien dijo que esperan que el dictamen tenga mayoría calificada en el pleno, con lo cual el gobernador estaría obligado a publicarlo en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Además, se acordó que el Instituto Jalisciense de la Nutrición llevará el nombre del diputado José Luis Ocampo de la Torre, quien murió el sábado pasado por un problema hepático y quien era presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.

En las observaciones que había hecho el gobernador, además de no esta de acuerdo con la estructura jurídica que se daría al Instituto de Nutrición, señalaba que se especificaban para éste funciones que ya cumplen otras dependencias, además de que en la reforma no se previó el “impacto presupuestario u orgánico administrativo”.

La creación del Instituto de Nutrición se establece en la Ley Estatal para la Prevención y Control de los Trastornos Alimenticios, la Obesidad y la Desnutrición, aprobada por el Congreso del Estado. El gobernador se negó a publicarla y envió un pliego de observaciones a los diputados

En el “veto” enviado por el mandatario, se señaló que “la obligación de dar aviso a este Poder Ejecutivo cuando se vayan a discutir los asuntos que se relacionen con su esfera de competencia, no sólo entraña la mera acción de enviar un comunicado que indique la fecha y lugar de sesión, así como el nombre del asunto a discutir, sino que debe adicionarse toda la información necesaria” para que tome parte en el debate.

Claves

La reforma

No alcanzará la libertad bajo fianza quien participe en un accidente de tránsito y provoque lesiones graves o la muerte a alguna persona, si se niega “a someterse a las pruebas de alcohol en la sangre, se le acredite conforme examen pericial clínico médico, que conducía bajo los influjos del alcohol o bajo algún tipo de droga o estupefaciente y que esta circunstancia alteró la facultad para conducir”.

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez

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