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EN EL DEBATE / Caso Auditor, ¿caso juzgado?

julio 3, 2011

Roberto Marrufo Torres

Agradezco este espacio para compartir con la ciudadanía un tema polémico, que desgraciadamente se desvirtuó y ocasionó confusión; me refiero al tema del Auditor Superior del Estado. Iniciaré con una cronología de hechos.

El 20 de enero del 2011 todos los diputados aprobaron un acuerdo que proponía tres instrucciones a la Comisión de Vigilancia, y en resumen son: citar al Auditor Superior para que comparezca ante la Comisión a aclarar el asunto de las supuestas irregularidades; señalar día y hora para la comparecencia e informar a los diputados que puedan asistir, y elaborar y presentar un informe con sus consideraciones y conclusiones a la Asamblea.

Los tres puntos fueron atendidos oportunamente por la Comisión de Vigilancia y las conclusiones fueron presentadas al Pleno el 28 de febrero del 2011.

Destaco que los diputados de las distintas fracciones, presentes en la comparecencia, tuvieron oportunidad de argumentar y cuestionar al Auditor; las posturas más atrevidas se basaron en notas mediáticas, pero sin presentar documentos oficiales comprobatorios, a pesar de haber tenido la oportunidad y el tiempo para hacerlo.

Posteriormente, y de forma complementaria a lo ordenado por el acuerdo legislativo, las conclusiones se enviaron a la Junta de Coordinación Política el 10 de marzo del 2011. Es necesario aclarar que la Junta no tiene atribución para resolver asuntos en materia de responsabilidad de los servidores públicos; sin embargo, solicitó una opinión al Director Jurídico ese mismo día; una vez emitida, ésta se regresó a la propia Comisión de Vigilancia, el 12 de mayo, a través de la Asamblea.

De conformidad al acuerdo legislativo aprobado, se atendieron los puntos ordenados por el Pleno. Aclaro, en ningún momento se ordenó a la Comisión competente iniciar investigación o procedimiento alguno, ni tampoco existe demanda en contra del Auditor. Hasta aquí la narración legal.

Desde el inicio de este tema el PAN ha mostrado una actitud protagónica, mediática y provocativa, pero sobre todo incongruente y cínica; pues resulta que el Gobernador les da instrucciones de lo que deben hacer, unos gritan, otros lloran y otros se flagelan, pero ninguno hace lo que debe, si es que quieren hacer algo, porque hasta de la Comisión donde se decidió el tema se ausentaron, con evidente falta de valor cívico.

Dicen que presentarán denuncia penal y el dirigente de su partido lo impide; quien fuera secretario general, Alfredo Argüelles, fue premiado con una diputación y no hay acción en su contra; quien firmó el acuerdo de donde se desprende el pago supuestamente irregular fue José María Martínez, en la Legislatura 57, y ahora es el principal acusador; Fernando Guzmán evade el tema; en fin, donde falta decisión, fortaleza y responsabilidad impera el silencio, la omisión y la hipocresía.

No basta decir, señalar y acusar, es necesario coadyuvar, probar y ser respetuosos de la ley. Hay grupos supuestamente organizados que apuntan irregularidades, a ellos les digo: si tienen elementos, presenten denuncia en la Procuraduría, o bien, Juicio Político en el Congreso; pero hasta ahora, sólo usan micrófonos y no la ley.

Deslegitimar a una institución o a una persona es grave, como grave es atender las fístulas sin atacar el origen de la enfermedad.

Alonso Ulloa, Secretario de Promoción Económica, manejó una idea el pasado 30 de junio, con la que proponía que debemos hablar, pero también denunciar; que a partir de ahora deberíamos pensar en qué queremos en la función pública, si formar un equipo o una pandilla.

Sería injusto juzgar su emotividad, pero es públicamente cuestionable la congruencia del actual Gobierno y del PAN; es sospechoso tanto brinco estando el suelo tan parejo; es casi misterioso que sabiendo lo que dicen saber, no quieran hacer nada, ¿quizá porque se vería afectado su líder Iván Argüelles, ex diputado y ex Coordinador de la 58 Legislatura, y quien estuvo operando la escurridiza huida de sus diputados el día en que la Comisión de Vigilancia resolvió con responsabilidad, a pesar del costo social, pero con respeto absoluto a la legalidad?

El PRI no defiende al Auditor, cuida la legalidad; no dudaremos en fincar responsabilidad a quien sea responsable, sea auditor, magistrado, o ex diputado, director general del SIAPA o ex Presidente Municipal, cuando haya elementos para ello, porque el silencio del PAN es la mentira, cuando se calla por cobardía e hipocresía.

El diputado Roberto Marrufo es Coordinador de la fracción priista en el Congreso del Estado.

 

Augusto Valencia López

Jalisco es uno de los Estados más corruptos de la República Mexicana, así lo documentan las encuestas de percepción ciudadana y algunos trabajos que miden el costo de la corrupción gubernamental en el País.

El problema se complica porque hay muchos ciudadanos a quienes no les interesa lo que sucede en México, y a otros se les ha vuelto costumbre escuchar las malas noticias y no les parece ninguna novedad la impunidad de nuestras autoridades.

También sabemos que -8 de cada 10 ciudadanos- nos tenemos desconfianza entre nosotros mismos. Sin duda es un dato que nuestros gobernantes conocen perfectamente y lo saben aprovechar muy bien.

Estos son algunos de los ingredientes que un grupo de políticos -sinvergüenzas y corruptos- utiliza para decirnos que en Jalisco estamos bien y que el Auditor del Estado, Alonso Godoy, puede continuar en la delicada tarea de fiscalizar el buen uso del dinero público: nuestros impuestos.

Existen quienes se atreven a señalar, con una serie de argumentos legaloides, confusos y malintencionados que parten del desconocimiento, la perversidad y el descaro total, con la finalidad de confundir al lector y decirle que no hay mecanismos legales para remover al Auditor y que los diputados no pueden incumplir la ley.

No se deje engañar, quienes lo dicen saben que están mintiendo.

Los diputados cumplen con las leyes cuando les conviene, cuando no, simplemente las incumplen. Saben que nadie les puede hacer nada, porque controlan a todas las instituciones a través del presupuesto. Además son los encargados de nombrar a los Magistrados y Consejeros, así que ¡viva la impunidad total!

Todos los que trabajan en el Congreso del Estado son conscientes del mal manejo que le dan al dinero público que administran. No hay diputado que no esté enterado del desvío de recursos que cada tres años se realiza para el financiamiento de sus campañas políticas; así como de los gastos suntuosos, bonos y sobresueldos que, vía las Coordinaciones Parlamentarias, se consolidan mes con mes.

Es un abuso a la razón escuchar la defensa encarnizada que un grupito de diputados -que solapa la corrupción, desconoce las leyes y es abusivo- hace del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

El Auditor ya está denunciado penalmente por el delito de “Abuso de Autoridad” (el Consejo del ITEI interpuso las denuncias en marzo y octubre del 2008). Se han desahogado una serie de procedimientos judiciales, pero lamentablemente el Gobierno del Estado mantiene las denuncias en el archivo provisional de la Procuraduría de Justicia, entorpeciendo el procedimiento, para evitar que el Auditor Godoy enfrente las acusaciones.

Por otro lado, los diputados se hacen de la vista gorda, porque tampoco quieren iniciar el Juicio Político que se presentó formalmente en el mes de junio y que involucra tanto a los integrantes de la pasada Legislatura, a los actuales Coordinadores Parlamentarios y al señor Auditor (expediente 34/2011, ya ratificado).

Que ya no salgan a decir que no hay causa legal para separar del cargo al Auditor. Cuesta mucho trabajo pensar que no están enterados de los procedimientos legales que hay en su contra, que se han hecho públicos y que se encuentran debidamente documentados. ¿Ignorancia o complicidad?

Sería bueno que alguno de sus múltiples y bien pagados asesores les consiga una copia de la “Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco” o que la consulten por Internet. En específico, que vean el Artículo 46, que prohíbe expresamente el pago de cualquier gratificación adicional al salario, bajo cualquier concepto, señalando claramente la responsabilidad para quien autoriza y también para quien lo recibe.

Hoy los ciudadanos no contamos con mecanismos confiables para combatir la corrupción y para defendernos de la clase política que mantiene secuestradas a las instituciones de Estado.

Por eso convocamos el día de hoy domingo 3 de julio, a las 11:00 horas, en Av. Circunvalación Agustín Yáñez esquina Niños Héroes, para realizar un “Juicio Ciudadano” al Auditor, sin ningún alcance legal, pero con una gran oportunidad para la construcción de ciudadanía.

Cuando las instituciones se vuelven ineficientes, hagamos uso de nuestro derecho a salir a las calles. ¡Ya basta!

Augusto Valencia López es Maestro en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella, BA. y ex presidente del ITEI.

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