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Ajustan ley electoral

julio 7, 2011

Ajustan ley electoral

Por Jessica Pilar Pérez

(07-Jul-2011).-Los diputados locales en vez de promover la participación ciudadana en asuntos electorales, ayer aprobaron retrocesos al aumentar de 500 a 5 mil 500 los integrantes necesarios para crear una agrupación política estatal.

Sólo la titular de la Comisión de Asuntos Electorales, la priista Ana Bertha Guzmán, levantó la voz en tribuna para señalar esta decisión y denunciar que de los 195 artículos propuestos se eliminan 74, es decir, el 38 por ciento.

La priista dijo que ahora quieren dejar en el artículo 63 del Código Electoral que se pidan casi los mismos asociados para integrar una agrupación política estatal como ocurre a nivel nacional, al pedir que sea el 0.1 por ciento del padrón electoral.

“¿Y así decimos que queremos participación ciudadana?, ¿así la alentamos?, ¿poniéndole trabas?, perdón, no lo comparto”, comentó.

También señaló la incongruencia al querer pronunciarse, por un lado, por favorecer la representación ciudadana en los diputados plurinominales, mientras por otro lado no permitieron modificar cómo éstos llegan al Congreso, pues se continuarán eligiendo dos de lista y uno de segunda mayoría -el segundo con más votos en un distrito-, en vez de seleccionar uno y uno.

“Creo que no podemos ser incongruentes diciendo que queremos más representación y ser la voz de la sociedad cuando le limitamos que su voto valga, aún cuando la diferencia sea no tan grande”, comentó.

Otro cambio que no prosperó fue que cuando no se acredite el uso de una parte de financiamiento público en el fin legal estipulado, se pueda convertir en crédito fiscal, sobre todo en el caso de partidos políticos que hayan perdido el registro estatal.

Por lo que no se podrá exigir a los institutos políticos que violan la ley, que regresen el dinero público recibido.

Los legisladores locales recularon también en reducir el periodo de campaña al Gobierno de90 a60 días, cuando ya se había votado a favor en la Comisión de Asuntos Electorales.

Estos cambios se presentaron de última hora en la sesión plenaria, cuando el dictamen estaba en el último paso para ser votado en el Pleno legislativo, y tras más de un año de haberse estado estudiando el tema y con la asistencia de todos los partidos políticos.

Guzmán reconoció que esta reforma electoral, que complementa la que ya se hizo en la Constitución, no tiene ningún valor adicional a lo actualmente aprobado y la calificó de incompleta.

“Hay cosas que pudimos hacer y lo desaprovechamos”, explicó.

Las modificaciones aprobadas caen sólo en precisiones, omisiones o deficiencias que se subsanan, reconoció la legisladora.

Guzmán señaló que dejaron fuera la propuesta de que quienes deseen ser diputados locales deben pedir licencia al cargo público 90 días antes de la elección, lo cual afectaba a senadores o diputados federales que tuvieran estas aspiraciones políticas.

De los 36 diputados locales presentes, todos respaldaron el dictamen final menos Mariana Fernández, quien se abstuvo.

Guzmán dijo que votó a favor del dictamen para respaldar el trabajo que se hizo durante un año.

Ricardo Elias / Democracia absurda

PorRicardo Elias

(07-Jul-2011).-Se supone que la democracia es una forma de organización de grupos de personas en el que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo.

Muy bonito concepto. Sin embargo, los políticos mexicanos (siempre tan creativos y originales) tienen su propias definiciones para la noción de democracia y para la de representación popular.

Para ellos y sus partidos, “democracia” es la forma de organización en la que se faculta legalmente a una minoría para administrar y disponer a su antojo de los bienes de la mayoría; es la forma de Gobierno en la que las acciones para el bien común se condicionan al beneficio político y económico de quienes las administran o ejecutan.

Y en cuanto al concepto de representación popular, ésta figura equivale para ellos a la de un “apoderado plenipotenciario” facultado para ejercer actos de administración y de dominio sin rendición de cuentas.

Creen que ser diputado, senador, Presidente Municipal, Gobernador, etcétera, los convierte en “dueños o herederos únicos” del patrimonio de todos.

Esta es la razón por la que hasta se molestan cuando un simple y mortal ciudadano les pide cuentas o explicaciones de lo que han hecho con nuestros recursos, pues al considerarlos propios, eliminan de su mente la obligación no sólo legal, sino moral y ética de informar.

Para ellos una pregunta es una intromisión, y una respuesta, una sumisión. Se disgustan porque les exigimos cuentas. La duda los ofende y el tener que dar explicaciones los rebaja.

Se llaman a sí mismos servidores públicos, pero la obligación de servir les incomoda. Se sienten y quieren ser patrones, y no aceptan de ninguna manera su condición de empleados. Sus complejos jerárquicos distorsionan y denigran el concepto del servicio público digno.

Los partidos y los políticos no sólo han deformado el concepto de democracia representativa, sino que han traicionado la confianza depositada en ellos como representantes populares, cuando son la razón misma de su existencia y de los puestos de Gobierno que ocupan.

Es un contrasentido que los ciudadanos le pidamos a alguien que represente nuestros intereses o, peor aún, que alguien nos pida con pancartas, discursos y promesas que le designemos como nuestro representante, para luego estar nosotros sometidos a sus caprichos y sin poderle quitar el puesto ni poderle quitar lo que nos quitó a todos.

En lugar de remover a los bandidos de los puestos de representación popular y así arreglar el problema de fondo, hemos optado por el camino absurdo de ponerles vigilantes a los bandidos. En lugar de quitar ladrones, hemos comprado cuerdas para “amarrarles las manos” mientras trabajan para nosotros.

El modelo que hemos seguido es equivocado, y hay que cambiarlo de fondo.

Es una estupidez ponerle auditores a los auditores; o que tengamos que poner representantes ciudadanos para vigilar a los que, se supone, ya son los representantes ciudadanos.

Ante la ilógica imposibilidad de revocarle un poder a nuestros apoderados (revocación de mandato); ante la negativa sistemática a la rendición de cuentas (transparencia); ante la imposibilidad de aplicar la ley (impunidad), los ciudadanos hemos tenido que recurrir a la insensatez de crear numerosas y costosísimas instituciones, organismos y consejos ciudadanos para vigilar que nuestros representantes no hagan trampas entre sí (IFE); que los gobernantes no abusen de los gobernados (Derechos Humanos); que los administradores no se roben o dilapiden el dinero (ASEJ); que los jueces no se corrompan, que los policías no se asocien con delincuentes, que los técnicos no se sometan a los políticos, etcétera.

Ya no hay prácticamente ningún organismo o institución pública que no pida a gritos la intervención ciudadana para evitar robos, abusos y corruptelas de todo tipo.

Y al final, el absurdo del absurdo: una vez creados los organismos ciudadanos, los mismos políticos los intervienen y designan a sus integrantes.

“Los patos disparan a las escopetas”.

Twitter: @ricardoelias1 ricardoelias1@gmail.com

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  1. Deja PRI a Godoy y reclama el PAN
    Por Jessica Pilar Pérez

    (07-Jul-2011).-Los 21 votos, en su mayoría del PRI, PRD y PVEM, impidieron ayer que se votara en el Pleno del Congreso la remoción definitiva del Auditor, Alonso Godoy, que planteaba el PAN y la propuesta fue enviada para su estudio a la Comisión de Responsabilidades.

    Tras perder la votación, con 14 sufragios y una abstención de la priista Rocío Corona, el líder parlamentario panista, José María Martínez, acusó que la decisión fue una trampa del PRI, porque la Comisión señalada sólo puede intervenir en solicitudes de juicio político por parte de ciudadanos o sancionar a trabajadores por petición del patrón, y en ningún caso encuadra lo que se aprobó.

    “La jugaron al tío Lolo con la gente, con la sesión, nos hicieron perder el tiempo, no va a prosperar”, advirtió.

    A petición de Luis Córdova, diputado del PRI, y sin el consentimiento del PAN, se modificó la propuesta albiazul para que fuera la Comisión de Responsabilidades la que interviniera también para juzgar a quienes ordenaron, sustentaron y refrendaron hacer el pago de 9.8 millones de pesos al Auditor -adicionales a su sueldo- conforme a los acuerdos internos de anteriores Legislaturas.

    Los diputados duraron dos horas y 40 minutos para decidir si votaban vía “fast track” la remoción de Godoy o si alargaban la decisión canalizando el tema a otra Comisión con el argumento de que debía ser escuchado dentro de un procedimiento administrativo o incurrirían en un despido injustificado.

    Córdova desconoció cuál era el procedimiento que se seguiría en la Comisión aludida porque le tocaba al titular Carlos Briseño hacerlo, quien no acudió; del PAN faltaron dos legisladores.

    Martínez pidió reiteradamente que se aprobara su propuesta con la intención de exhibir quiénes protegen al Auditor y luego se votara la petición del PRI, pero por el voto mayoritario del resto su petición no prosperó.

    La única priista que pidió que en ese momento se quitara a Godoy fue la diputada Rocío Corona, quien subió a la tribuna para pedir que no se dilatara más y que no les temblaran las piernas para correrlo cuando se le ha perdido la confianza.

    Los que ayer cambiaron de postura fueron los priistas Jesús Casillas y Mariana Fernández, así como el ecologista Enrique Aubry, quienes anteriormente se habían pronunciado por una salida impostergable del aludido y ayer prefirieron enviarlo a una Comisión.

    Anteriormente, los diputados locales ya habían determinado que fuera la Comisión de Vigilancia la que decidiera el tema, la cual sí tiene facultades legales para removerlo, y ésta determinó que el pago era legal, y ahora lo enviaron a otra Comisión.

    Martínez aseguró que el Auditor no podría recurrir al Amparo porque la ley se lo prohíbe y que no pagarían los salarios caídos.

    La votación

    Así votaron los partidos la propuesta de enviar a la Comisión de Responsabilidades el Caso Godoy.

    A favor
    PRI 16
    PRD 2
    PVEM 2
    PAN 1

    En contra
    PAN 14

    Abstención
    PRI* 1 *De la diputada Rocío Corona.



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