Congreso Local en Bancarrota

Legislativo no ha podido contratar un crédito

Congreso se quedó sin dinero

Ante falta de recursos, no se pagó ayer la nómina a empleados.

2011-11-15•Ciudad y Región

Sesión de la LIX Legislatura. Los diputados tuvieron un presupuesto de 536 mdp que ya se acabaron. Foto: Milenio

Los trabajadores del Congreso del Estado de Jalisco hacían fila en el cajero automático ubicado en el ingreso de la calle Independencia. Sus caras, tras darse cuenta que su salario no había sido depositado, iban de la tristeza al enojo. Las justificaciones oficiales no llegaron y sólo se escuchaban rumores: que no había dinero para la nómina; que se habían conseguido 20 millones de pesos prestados por un particular y le pagarían sólo a los sindicalizados; que a las 18:00 horas estaría el depósito; que habría paro de labores. Al final del día, el dinero no llegó.

Ayer por la mañana, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Salvador Barajas del Toro, afirmó que esperaban que el problema se solucionara durante el día y se pudiera pagar —como es una costumbre en el servicio público— un día antes de la quincena. Conforme transcurrían las horas, los integrantes de la Junta de Coordinación Política confirmaban el fracaso de las gestiones para conseguir recursos adicionales para el Congreso, que se quedó sin dinero.

Lo cierto es que la falta de dinero, que venía anunciándose desde comienzos de septiembre se concretó y ya no hubo recursos para pagar la primera quincena de noviembre a los más de 1,700 empleados del Poder Legislativo (cuyo presupuesto fue de 536 millones de pesos en 2011).

Ante la falta de recursos, el pleno del Congreso del Estado autorizó el 31 de octubre pasado al secretario general, José Manuel Correa, para contratar un crédito que les permitiera hacer frente al cierre del año. En el punto de acuerdo no se precisó el monto, pero se hablaba de 200 millones de pesos. Esa misma cantidad fue solicitada al gobierno del estado a través de un oficio remitido por la Junta de Coordinación Política. Por ninguna de las vías ha habido respuesta.

Ayer, consultados por separado, los coordinadores de las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vargas López, y Verde Ecologista (PVEM), Enrique Aubry de Castro Palomino, confirmaron que no había prosperado ninguna gestión y por lo tanto no tenían dinero para pagar la nómina. Ambos confían en que hoy pueda solucionarse el problema.

La falta de pago motivó que la dirigencia sindical amenazara con un paro si no les cubrían la quincena hoy a sus agremiados.

Entrevistado ayer, Barajas del Toro recordó que el pleno autorizó al secretario general a buscar una solución “para librar los compromisos de este Poder Legislativo; sin embargo, al parecer no ha habido respuesta todavía por las gestiones que conlleva la adquisición de un financiamiento”. El presidente de la Mesa Directiva señaló que esperaba que la Comisión de Administración y la Junta de Coordinación Política encontraran una salida, “porque los trabajadores no tienen la culpa de que el presupuesto no haya llegado”.

Deuda no se refleja en obra o desarrollo: Vargas

••• Lo más delicado de la excesiva contratación de deuda durante la actual Administración estatal es que no se refleja en obras ni en el desarrollo de Jalisco, lamentó ayer el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Raúl Vargas López.

En entrevista, el legislador señaló que no se cuestionaría el incremento en la deuda si la inversión fuera “impresionante”; sin embargo, indicó, “los jaliscienses saben que no es así, que la obra pública, particularmente en el mantenimiento de carreteras en las distintas regiones del estado es uno de los problemas más significativos”.

Indicó que la deficiente infraestructura en la entidad es evidente cuando se visita otras entidades, incluso con menor presupuesto, pero que ha sido mejor invertido.

MILENIO JALISCO dio a conocer ayer que más de 58 por ciento de la deuda histórica del estado ha sido contratada por la Administración que encabeza Emilio González Márquez. El mandatario ha acudido en cinco ocasiones a los créditos, que suman un total de 10,348 millones de pesos, cuando el total de los montos contratados es de 17,707 millones.

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez

El recurso contra Fernando Guzmán

• 2011-11-09•Ciudad y Región

Maximiliano Lomelí denunció que preparan entrega de 32 notarías. Foto: Cortesía

Con el señalamiento de que paga favores políticos presentes o futuros entregando o regalando notarías, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, fue objeto de una demanda de juicio político por parte del abogado Maximiliano Lomelí Cisneros. Éste presentó copias de tres patentes de aspirantes al ejercicio del notariado firmadas por Pérez Peláez, concedidas al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Celso Rodríguez González; al magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Guillermo Meza García; y otra al titular del Juzgado 11 de lo Civil, Guillermo Rentería Gil.

Maximiliano Lomelí detalló que de acuerdo a la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, los tres aspirantes están impedidos para ejercer como notarios, sustentar los exámenes y obtener las patentes debido a que el artículo 36 indica que “el ejercicio del notariado es incompatible con el desempeño de empleos o cargos públicos remunerados por la federación, el estado, los municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”. Además, el artículo 9 de la misma ley señala que el aspirante deberá haber practicado durante tres años antes en alguna de las notarías del estado, lo cual no aplica para los personajes mencionados.

Así, Maximiliano Lomelí insistió en que lo anterior se da de manera ilegal y en el marco de un intercambio de favores presentes o futuros.

Denunció que ya se preparan para entregar otras 32 notarías en el estado: “Por las tres anteriores, puede que no cumplan con los requisitos que marca la ley, por lo que exijo que den nombres y cargos de quiénes van a ocuparlas”.

Dijo que lo que espera es que se destituya de su puesto a Pérez Peláez y se le inhabilite para ocupar otros cargos públicos en el futuro: “Exijo a los diputados que cumplan su compromiso con la sociedad; desde que se turnó a la Comisión de Responsabilidades el juicio político, tiene más de mes y medio y no he sabido nada, ni han llamado a Fernando Guzmán. Espero que ante la evidencia e involucramiento del demandado no quieran darle carpetazo al asunto o negocien este juicio por favores políticos. Es procedente el juicio político y espero la destitución y la inhabilitación para puestos en el futuro”.

Guadalajara. Montserrat Mauleón Lee

 

Comisión de Seguridad modificará Propuesta de Ejecutivo

La reducción a seguridad no pasará: diputados

2011-11-05 • IMPRESO CIUDAD Y REGIÓN

Ven contradictorio que primero se pida crédito y después propongan recorte.

Foto: Tonatiuh FigueroaSERGIO CHÁVEZ: NO ES VÁLIDO QUE SÓLO SE REFORZARA SEGURIDAD POR JUEGOS.

Los diputados tendrán que hacer cambios en el presupuesto propuesto por el gobernador, Emilio González Márquez, porque no se puede permitir que se reduzcan los recursos para el área de seguridad.

Lo anterior fue señalado por el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sergio Chávez Dávalos, quien afirmó que siendo un tema tan sensible, al menos debe garantizarse el mismo gasto. Agregó que la disposición del crédito no puede ser el pretexto para bajar el presupuesto de ese rubro.

MILENIO JALISCO dio a conocer que, según el paquete financiero enviado por el gobernador al Congreso del Estado, habrá una reducción superior a 40 por ciento en el gasto en seguridad pública. Además, se disminuirá el número de plazas del Ejecutivo, pero la mayoría de las que se propone desaparecer es de policías.

En la información que remitió el gobernador, se prevé que al cierre de 2011 haya un gasto en seguridad pública de 4,161 millones de pesos, mientras que la propuesta para 2012 es de 2,481millones de pesos. La diferencia es de 1,680 millones de pesos, lo que representa una reducción de 40.38 por ciento.

Sergio Chávez dijo que “es lamentable, porque por un lado al inicio de este año nos pidió apoyo para contratar un crédito y hoy manda el anteproyecto del presupuesto donde tiene un decremento muy importante”.

Afirmó que primero tratarán de tener un acercamiento con el Secretario de Seguridad, para pedirle que se hagan los cambios, pero de lo contrario los diputados dispondrán de mayores recursos para esa área.

Agregó que en el proyecto de presupuesto del próximo año que envió el presidente Felipe Calderón, se dispone de mayores recursos para seguridad, por lo que en el estado al menos se tendría que igualar el gasto de 2011.

Opinó que no es válido que sólo se hubiera reforzado la seguridad en Jalisco por los Juegos Panamericanos, cuando el riesgo de que la entidad enfrente problemas siempre está latente.

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez

Los diputados se salvaron

Aviso para impedir nombramiento de magistrados del STJE debió ser ante Mesa Directiva del Congreso, resuelve SCJN

Los diputados se salvaron del desacato

Corte determinó que notificaciones por suspensiones no se entregaron bien.

Toma de protesta de los nuevos magistrados. Falta de resolverse si sus nombramientos tienen validez. Foto: Cortesía Congreso del Estado

El Congreso del Estado no violó las suspensiones que se habían concedido para el nombramiento de magistrados, ya que los diputados no fueron notificados de manera adecuada. Lo anterior se concluyó al resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los incidentes de nulidad que interpuso el Congreso del Estado contra las notificaciones.

Así lo informó ayer el presidente de la Comisión de Justicia del Legislativo estatal, Luis Armando Córdova Díaz, después de reunirse con los abogados que llevan este caso.

De acuerdo a lo señalado por el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la notificación de las suspensiones debió hacerse directamente al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco y no en Oficialía de Partes, como sucedió.

El 23 de agosto pasado, el pleno del Congreso local nombró a siete magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), tres de ellos para suplir a igual número de funcionarios judiciales en edad de retiro y otros cuatro para una ampliación de ese órgano. Unas horas antes, habían sido notificados de las suspensiones que había concedido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los poderes Judicial y Ejecutivo, los cuales habían promovido controversias constitucionales en contra de dichos nombramientos.

Los diputados aseguraron que se dieron los nombramientos porque la notificación se hizo en la Oficialía de Partes y el pleno no se enteró. Ante esta situación, los poderes Ejecutivo y Judicial promovieron recursos de queja, asegurando que los legisladores incurrieron en desacato.

Este martes se llevó a cabo la audiencia para desahogar el incidente de nulidad de las notificaciones, las cuales se declararon improcedentes, según explicó Córdova Díaz.

El diputado abundó que “se declaró improcedente bajo el argumento de que no es supletorio el Código de Procedimientos Federales en materia de controversias y que no sólo basta que se presente en Oficialía de Partes, sin formalidad alguna”.

Recordó que las notificaciones que se han entregado posteriormente al Poder Legislativo por otros asuntos y controversias constitucionales, han sido entregadas directamente en la oficina del presidente de la Mesa Directiva, Gustavo Macías Zambrano.

De esta forma, señaló Luis Armando Córdova, se tendrá que esperar a que se resuelva el fondo de las controversias constitucionales para determinar si los nombramientos de los magistrados se hicieron de manera adecuada o no.

Según el Poder Ejecutivo, no era necesaria la ampliación del STJE, porque no hay una petición al respecto por parte del Poder Judicial. Incluso, la reforma a la Constitución local, aprobada por el Congreso, observada por el gobernador y luego ratificada por el Poder Legislativo, no ha sido publicada, por lo que no ha entrado en vigor.

En cuanto a los magistrados en edad de retiro, el Poder Judicial interpuso la controversia porque hay otros procedimientos pendientes, relativos al haber de retiro al que tienen derecho. Esto, luego de que los diputados aprobaron un pago único al momento de retirarse y los funcionarios judiciales quieren una pensión vitalicia igual a su salario, que se sumaría a un monto igual que les entregaría el Instituto de Pensiones del Estado.

Juez federal ordena que sesione la Judicatura

••• Un juzgado federal echó abajo la resolución que había tomado el Tribunal de lo Administrativo en el Estado (TAE), para restringir las sesiones del Consejo de la Judicatura hasta que se incorpore el representante de los jueces.

Según el comunicado de prensa que envió el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), el juez segundo de distrito en materia administrativa, Luis Alfonso Hernández Núñez, concedió la suspensión “para que no surta efectos la suspensión dictada por la Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo, que impide realizar sesiones plenarias y de comisiones a los integrantes del Consejo de la Judicatura”.

El Congreso del Estado nombró a Jaime Gómez representante de los jueces ante el Consejo de la Judicatura; sin embargo, el Poder Judicial promovió una controversia constitucional en contra de la convocatoria emitida por el Poder Legislativo, con el argumento de que se emitió antes de que existiera la vacante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión que impidió que el funcionario designado ocupara el cargo.

Así, el 31 de agosto la Judicatura se quedó sin uno de sus cinco integrantes, al vencer el nombramiento de la representante de los jueces, Gabriela de León Carrillo.

El presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González, convocó al menos en tres ocasiones a sesiones de la Judicatura, las cuales no se llevaron a cabo porque los consejeros Miguel Gutiérrez Barba y Luis Enrique Villanueva no llegaron.

Además, la Asociación de Jueces presentó una demanda de nulidad, a través de la cual se concedió una suspensión, con la que se determinó que la Judicatura no puede sesionar hasta que se incorpore el representante de los jueces.

La intervención del juzgado federal fue ante la demanda que presentaron los jueces de primera instancia José Salinas Murillo y José Ávalos Pelayo.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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Perspectivas de Luis Carlos Ugalde

Tiene sesgos a considerar: Ramírez Marín

Legisladores refutan el estudio legislativo de Luis Carlos Ugalde

• 2011-09-01•Política

El ex presidente del IFE. Foto: Claudia Guadarrama

Las bancadas de PRI, PAN y PRD refutaron que esta legislatura haya privilegiado el debate político, al sostener que ha sido una legislatura reformista, cuyos resultados no se deben medir por cuántas leyes se aprobaron, sino por la trascendencia de éstas. Sin embargo, senadores de PRD y PAN acusaron que sí hay atorones en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados, porque legisladores del PRI afines al gobernador Enrique Peña Nieto han adoptado una actitud de “bloqueadores” de las reformas.

Al referirse al estudio elaborado por la consultoría Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, según el cual prosperan sólo 12 de cada 100 iniciativas, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseveró que en su partido no hay bloqueadores y, al contrario, son los más reformadores.

“Yo pienso que en mi partido son más los reformadores, que aquellos que piensan que las cosas están bien como hoy suceden, no obstante que nos sintamos tan mal”, indicó.

También el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, dijo que Ugalde desconoce de proceso legislativo, porque no todas las iniciativas presentadas se deben aprobar, pues si así fuera el Congreso sería una fábrica de decretos y leyes que pondrían al país en una terrible inseguridad jurídica y lo que importa no es cuántas leyes se aprueben, sino su trascendencia.

Sin embargo, admitió que el tema es que sí hay leyes importantes aprobadas por el Senado, bloqueadas por los diputados “del equipo del Toluca, pero no el del futbol, sino el otro”.

A su vez, la senadora panista Beatriz Zavala consideró que el Congreso sí ha aprobado reformas importantes, pero necesita ser mucho más efectivo con leyes de corte social, como la Ley Federal del Trabajo que el PRI ha bloqueado.

Por separado, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció la lentitud del Poder Legislativo para procesar las iniciativas de ley, pero sostuvo que el estudio Ugalde sobre el desempeño parlamentario tiene “sesgos” a considerar.

“No puedes medir el trabajo del Congreso por el número de horas que dure una sesión y menos si tomas en cuenta los recesos; entonces, yo creo que sirve, es un instrumento útil, hay que reconocerlo y hay que incorporarlo a las tareas que está haciendo la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, pues como ustedes pudieron ver al final del periodo pasado, sí hay manera de agilizar el trabajo”, agregó

Por separado, el vicecoordinador petista Enrique Ibarra puso en entredicho la autoridad moral de Luis Carlos Ugalde para evaluar el trabajo del Poder Legislativo y rechazó la metodología del ex presidente del IFE para calificar la productividad del Congreso.

“No nos ponemos el saco, porque lo que nosotros hemos hecho es defender los intereses de la población”, puntualizó.

México • Angélica Mercado, Israel Navarro y Fernando Damián

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Amnesia… ¿Igual a fuero?

De los millonarios pagos al auditor superior Alonso Godoy Pelayo tampoco quedó registro en su memoria

Ex diputado sufre amnesia legislativa

El ex coordinador de la fracción del PRD en la LVIII Legislatura, Samuel Romero Valle, dijo no recordar que se hubieran depositado 5.5 millones de pesos en su cuenta bancaria o que su esposa y su hija también hayan recibido recursos del Congreso del Estado.

Samuel Romero Vallle dijo que ya está “retirado de la vida pública” y no quiso que se le entrevistara. Foto: MILENIO

En diciembre de 2009, el Congreso del Estado depositó 5.5 millones de pesos en la cuenta bancaria de Samuel Romero Valle, pero éste no lo recuerda. Ese mismo mes, el ex coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) abrió una cuenta bancaria a nombre del Poder Legislativo, junto con el ex secretario general, Alfredo Argüelles Basave, en la que se depositaron 30 millones de pesos que les había entregado la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), pero ya no lo recuerda.

De esa cuenta, abierta en IXE, salió un depósito de 1.3 millones de pesos para Samuel Romero, uno más por dos millones quince mil pesos a nombre de su esposa, Belia Vargas Sandoval, y otro por 140 mil pesos a nombre de su hija, Belia Romero Vargas, pero ya no lo recuerda. El ex diputado perredista firmó los acuerdos a través de los cuales se pagaron en 2009 6.5 millones de pesos al auditor superior Alonso Godoy Pelayo, pero dijo que ya lo borró de su mente. Tampoco se acuerda de las partidas que transfirieron a la bolsa de apoyo a las fracciones parlamentarias y que les permitieron, tan sólo en 2009, que creciera de 44 millones de pesos a 189 millones.

Ayer, parecía que Samuel Romero Valle padecía amnesia.

El ex diputado local tuvo su primera aparición pública, después de que se dieron a conocer las irregularidades cometidas durante la LVIII Legislatura, de la que él formaba parte. Acudió al Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), a donde fue citado como testigo en el proceso por la negativa del Poder Legislativo para entregar documentos sobre los gastos de la partida de apoyo a las fracciones parlamentarias.

Mientras esperaba para declarar, contó que había decidido retirarse de la política. De buen humor, también afirmó sentirse tranquilo y que había regresado a vivir a su rancho en Santa María de Gracia, en Tepatitlán.

Cuando terminó la audiencia, se negó a conceder una entrevista, aunque sí respondió a las preguntas que se le plantearon. Primero, se le cuestionó de los recursos de que se dispuso para la partida de apoyo a las fracciones parlamentarias. Señaló que “todos los recursos que la fracción recibió se ejercieron conforme al plan de trabajo”. Pero luego, dijo no recordar cuánto le tocó, por qué se entregaron apoyos extraordinarios y por qué se destinaron recursos de otras partidas, como honorarios o gastos de ceremonial, a las bancadas.

De los pagos a su esposa y su hija, afirmó que él cree que “todo se va a aclarar. Yo creo que todas las respuestas se las tienen que dar allá, en la Secretaría General”. De la remodelación a su rancho y la pavimentación del camino que conduce al mismo, aseguró no ser responsable.

No quiso hablar de las auditorías a su Legislatura. Indicó que no sabe en qué etapa van y, luego, enfatizó: “Yo realmente estoy retirado de la vida pública”. Se le insistió también en los pagos a Alonso Godoy. Dijo que no lo recordaba y que él en el Congreso era sólo un diputado de 40 que, sí influía en las decisiones, pero no era el único. Finalmente, aseguró: “Yo creo que nada se va a quedar sin aclarar”.

Declara ante el Tribunal de lo Administrativo

••• Después de año y medio de “retiro” voluntario de la política, el ex coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, Samuel Romero Valle, reapareció ayer, para rendir declaración como testigo ante el Tribunal de lo Administrativo en el Estado.

La audiencia en la que participó forma parte del juicio promovido por el ciudadano Gabriel Valencia López, quien solicitó al Congreso información sobre los gastos de las fracciones parlamantarias durante 2007. La información que se le entregó fue parcial y sin los documentos que la respalden, por lo que ha emprendido distintas acciones legales.

Acompañado de dos abogados, ayer Romero Valle respondió a las preguntas que le fueron planteadas por Gabriel Valencia. Cuando se le preguntó sobre el destino de los recursos o de las solicitudes de información al Poder Legislativo o a bancadas distintas a la suya, el ex diputado respondió que desconocía la información. Ante los cuestionamientos sobre los documentos que respaldaban el gasto de su fracción, sólo dijo que sabía que existían. Cuando se le cuestionó por qué no los había entregado, dijo que no era sujeto obligado.

Romero Valle era vocal de la Comisión de Administración y parte de la Junta de Coordinación Política en la anterior Legislatura. La de ayer, fue su primera aparición pública, después de que se conocieron las irregularidades que se cometieron durante la misma. Sólo acudió a hablar del ejercicio 2007 y de los recursos que se entregaron a las fracciones.

Al término de la audiencia, Gabriel Valencia dijo que le quedaba clara la arbitrariedad con la que habían actuado las autoridades del Congreso. Aseguró que él presentó la solicitud de los documentos ante la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, por lo que internamente debió definirse quién estaba obligado a entregar la información, que es pública.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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Revisiones al TAE… tareas

Inquieta a legisladores que Tribunal de lo Administrativo del Estado se convierta en juez y parte

El Congreso revisará autoprotección en TAE

Diputado Salvador Barajas ve caso para la Judicatura; debe ser otra autoridad: Cosío.

Sesión del Tribunal de lo Administrativo. Al menos tres de sus magistrados presentaron demanda de nulidad. Foto: Marco A. Vargas

Sesión del Tribunal de lo Administrativo. Al menos tres de sus magistrados presentaron demanda de nulidad. Foto: Marco A. Vargas

El Congreso del Estado revisará la actuación de los magistrados del Tribunal de lo Administrativo en el Estado (TAE), quienes se autoconcedieron una suspensión para que no continúe el proceso de la auditoría a su cuenta pública de 2009, señaló ayer el presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas del Toro.

El legislador explicó que una opción sería que el Consejo de la Judicatura conociera de este caso. Sin embargo, ese órgano del Poder Judicial sólo tiene facultades administrativas sobre los juzgados de primera instancia y no jurisdiccionales, confirmó el abogado y ex diputado Salvador Cosío Gaona.

Salvador Barajas indicó que es legal el recurso al que acudieron los magistrados del TAE y que éste surgió a partir de las reformas que se hicieron en materia de fiscalización por parte de la anterior Legislatura. Lo que tendría que revisarse, indicó, es si los magistrados se excedieron al convertirse en juez y parte.

MILENIO JALISCO dio a conocer ayer que al menos tres magistrados del Tribunal de lo Administrativo presentaron una demanda de nulidad en contra del dictamen final de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), en el que se propone fincarles cargos por 788,760 pesos. La mayor parte de los señalamientos son por el pago de un bono por el día del servidor público.

Los magistrados del TAE admitieron las demandas que ellos mismos presentaron y se autoconcedieron la suspensión, para que el proceso de fiscalización se detenga, hasta que se dicte la sentencia definitiva. Esto significa que el informe final de la ASEJ no podrá ser enviado al Congreso para someterlo a votación.

Se le preguntó a Salvador Barajas del Toro si esta situación no propiciará que otros entes auditados acudan al mismo recurso cuando se les finquen responsabilidades, a lo que respondió que “de hecho ya han acudido varios, no es el único”.

El presidente de la Comisión de Vigilancia consideró que “aquí lo que causa inquietud es que, siendo la instancia que tiene la facultad de emitir una suspensión en cuanto al procedimiento, sea la misma que utilice este argumento para darse ese derecho”.

Explicó que la ley prevé que, cuando un ente fiscalizado no está de acuerdo con una resolución, puede acudir al juicio de nulidad. Sin embargo, consideró que tendría que revisarse “qué debe hacerse cuando son ellos mismos los observados”.

Salvador Barajas del Toro precisó que por el momento el Congreso del Estado no puede actuar en este caso, porque la cuenta pública todavía no es remitida por la Auditoría Superior y será hasta que se discuta en la Comisión cuando se defina qué harán sobre la actuación de los magistrados.

Aceptó que los tiempos para que la cuenta llegue al Legislativo podrían alargarse, porque la suspensión que se autoconcedieron los magistrados prevé que el proceso de fiscalización no se reanude hasta que ellos mismos dicten sentencia.

Sobre el argumento de los magistrados, de que el “mes trece” que recibieron y que es la mayor parte de los recursos que se señalaron como irregularidad, es una prestación ordinaria y no un bono, Salvador Barajas aseguró que en todas las auditorías se clasifica como bono, por lo que no se puede pagar a los magistrados.

Salvador Barajas del Toro. Presidente de la Comisión de Vigilancia: “Lo que causa inquietud es que, siendo la instancia que [puede] emitir una suspensión […] sea la misma que utilice este argumento para darse ese derecho”. Foto: Milenio

Nuevos juzgados son innecesarios: diputado

••• La creación de nuevos juzgados de primera instancia para atender las materias previstas en algunas reformas legislativas no son tan necesarios, ya que se podría capacitar a los que ya existen para que puedan conocer de esos asuntos, aseguró el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Luis Armando Córdova Díaz.

Ayer, el pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2012, en el que se prevé triplicar el gasto con relación a lo ejercido este año. El monto quedó en cerca de 1,200 millones de pesos.

Entre los recursos adicionales que espera recibir la Judicatura, está la solicitud de 141 millones de pesos para la creación de 24 juzgados. Ocho conocerían de asuntos de narcomenudeo, otros ocho por la entrada en vigor de cambios en la aplicación de penas y ocho más por la creación de la Ley de Extinción de Dominio. También proponen crear ocho juzgados más de primera instancia fuera de la zona metropolitana de Guadalajara.

Del presupuesto, Luis Armando Córdova dijo que se debería hacer más eficiente el empleo de los recursos públicos, “pero además, si estamos hablando de un consejo que es polémico en el manejo de sus recursos […], esto sigue generando angustia”.

Sobre cómo debería resolverse el tema de los juzgados especializados, dijo que se podrían habilitar los actuales y según las necesidades crearse nuevos “y por este momento evitar engrosar la nómina”.

Se calcula que el costo de un juzgado es de alrededor de cinco millones de pesos. Córdova consideró que esos recursos podrían destinarse a mejorar las condiciones laborales de los actuales jueces.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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«Dobleteros»

Los implicados aseguran que no descuidan sus labores académicas y por ello tienen derecho al doble pago

Decenas de dobleteros en la nómina de UdeG

La lista incluye diputados locales, federales y regidores, entre otros, que reciben altos salarios en sus cargos públicos, a la par de estar en la nómina de la máxima casa de estudios de Jalisco.

2011-08-08•El Tema

Hasta 38 mil pesos al mes, paga la UdeG a sus académicos-políticos. Foto: Chema Martínez

En medio de una crisis financiera, que ha decir de sus propias autoridades llevó a la Universidad de Guadalajara (UdeG) a estar al punto de la “parálisis”, y mientras se dice que no hay recursos suficientes para recategorizar a profesores o incrementar los sueldos, la casa de estudios se da el lujo de mantener en su nómina a decenas de funcionarios que tienen puestos en la función pública, cobrando doble salario.

Como ejemplo de estos políticos que también reciben recursos de la institución de educación superior están los hoy diputados federales Trinidad Padilla López, Arturo Zamora Jiménez y Enrique Ibarra Pedroza; la regidora tapatía Irma Cano; o los diputados locales Raúl Vargas, Olga Araceli Gómez Flores y Patricia Retamoza, entre otros [ver gráfico]. Todos los cuales reciben un salario superior a los cien mil pesos mensuales en los cargos que desempeñan fuera de la UdeG.

Vía la Universidad de Guadalajara, estos políticos y funcionarios reciben entre quince mil y 38 mil pesos brutos mensuales, por conceptos como su plaza de académico y prestaciones como antigüedad, ayuda de transporte, vivienda y despensa, según información obtenida en el portal de transparencia de la UdeG. Algunos, incluso, concursan para obtener estímulos extraordinarios, desplazando a profesores que trabajan sólo para la casa de estudios y para quienes éstos representan gran parte de sus ingresos.

Desde hace semanas, la Universidad de Guadalajara vive un conflicto interno que detonó a raíz del recorte al Programa de Estímulos al Desempeño Docente (Proesde) y que derivó en una serie de críticas por parte de académicos acerca del manejo de los recursos de la casa de estudios y del sueldo de la alta burocracia. Esto sucede en un contexto en el que las autoridades de la UdeG le exigieron y obtuvieron del gobierno federal 960 millones de pesos extra al presupuesto, con lo que se evitó la “parálisis” que había pronosticado el rector general, Marco Antonio Cortés, para el próximo mes.

Una de las críticas que se derivan de los señalamientos de los académicos es que los altos mandos de la UdeG, así como políticos que tienen algún puesto público, reciben sueldo también por su plaza de académico cuando el trabajo que realizan dentro de la casa de estudios es mínimo o nulo. En respuesta, el rector general defendió su caso al asegurar que nunca ha dejado su trabajo académico, pues asesora tesis de doctorado y maestría, realiza investigación y ha escrito libros (MILENIO JALISCO 20 de julio de 2011).

En el Congreso de la Unión hay al menos tres diputados federales que también están en la nómina de la UdeG: Arturo Zamora (PRI), con su plaza de Titular A y sueldo de 24,607 pesos brutos mensuales; Trinidad Padilla López (PRI), con la categoría de Titular C —la máxima en la jerarquía universitaria— gana 38,676 pesos brutos mensuales; y Enrique Ibarra Pedroza (PT), que recibe 15,596 pesos, con una plaza de Asociado B de tiempo completo.

En el Congreso de Jalisco también hay varios casos: la priista Patricia Retamoza, que según el portal de la UdeG tiene puesto como profesor de asignatura y profesor investigador Titular B; los perredistas Raúl Vargas, con una plaza de Titular C, y Olga Araceli Gómez Flores, quien tiene puesto de Asociado C.

A estos dobleteros se suman otros puestos en los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara.

MILENIO JALISCO buscó a funcionarios involucrados en el doble cobro y todos aquellos a quienes se pudo entrevistar aseguraron que cumplen con sus labores académicas, por lo que, pese a “respetar las opiniones”, rechazaron las críticas de quienes consideran su situación como injusta. Ricardo Villanueva, jefe de la Oficina de Presidencia del Ayuntamiento de Guadalajara y es profesor investigador titular A en la UdeG, propuso, incluso, que se evalúe a todos los académicos, puesto que opinó que el tener un cargo público no significa que se sea descuidado o mal profesor.

Cuestionados acerca de que si estarían dispuestos a pedir licencia u ofrecer sus servicios sin costo, ante la situación presupuestal de la UdeG, hubo quienes aseguraron que lo harían si se los pide la casa de estudios, como la diputada Olga Araceli Gómez Flores; otros que ya lo hicieron, como Arturo Zamora, quien dijo que a partir del próximo 1 de septiembre pedirá licencia, con lo que quedaría fuera de la nómina de la UdeG y dejará de aparecer su nombre en ésta, aunque hubo quienes lo rechazaron por completo, como Raúl Vargas López, pues aseguró que es “su derecho”.

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Guadalajara • Natalia Barragán

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Diputados «mecenas» de Artistas

Diputados ya son promotores de artistas

Desde mayo de 2010 funciona la Galería de Juristas en la sede del Congreso del Estado, foro donde exponen creadores con trayectoria.

2011-08-07•Cultura

Un pisto nada más, acrílico sobre tela de Salvador Rodríguez, obra que fue colgada en la Galería de Juristas.

Desde el año pasado, los ciudadanos descubrieron que la sede del Congreso del Estado en el centro histórico de la ciudad servía para algo más que hacer alianzas políticas, tirarse dardos y cubrir las sinuosas andanzas del auditor estatal. Para ser precisos, desde julio de 2010 han desfilado una serie de exposiciones de artistas locales en la Galería de Juristas del recinto legislativo. Benito Zamora, Luis Valsoto, Javier Arévalo, Jorge Martínez y otros varios pintores importantes para Jalisco, han pasado por ahí.

Este proyecto expositivo depende actualmente de la dirección de la Biblioteca y Archivo General del Congreso del Estado de Jalisco, a cargo de Roberto Castellanos. El proyecto cultural del poder legislativo arrancó en realidad desde la anterior administración, incluso le correspondió la remodelación del espacio para acondicionarlo como una galería en la que se pudiera mostrar piezas de arte contemporáneo. Pero ¿cuál es la justificación para que esta sede se convierta también en promotora de artistas? ¿cuánto recurso se invierte en ella? ¿cuál es la metodología o el criterio para decidir quién puede o no exponer en sus muros?

“Más que promover, lo que se quiere con un espacio como este es reconocer la labor de algunos de los artistas más importantes que tenemos en el estado. El espacio como tal está originado para reconocer. Claro que es una institución pública y estamos abiertos a recibir las propuestas, pero la idea es que se exponga la obra de artistas ya con un camino recorrido, con trayectoria. Básicamente ese es el criterio con que se dan esas determinaciones. Para otro tipo de exposiciones en donde los motivos son más amplios, como lo social (con la exposición que se tuvo en la Secretaría de Seguridad Pública), o promover ideas nuevas (como los huevotes) y otros, para esas iniciativas usamos los corredores, que funcionan muy bien como espacios expositivos”, explica Roberto Castellanos.

La encargada de los menesteres operativos de la Galería de Juristas es Concepción Huerta, quien tiene a su cargo la Coordinación General de Investigación y Desarrollo de Exposiciones. Además, hay un Comité de Biblioteca y Archivo integrado por los diputados Juan Pablo Cerrillo Hernández, Olga Araceli Prieto y Javier Gil Olivo. Así, el director de la biblioteca, la coordinadora y el comité son los encargados de decidir el rumbo de las exposiciones. No obstante, Roberto Castellanos acepta que los diputados participan “recomendando” a tal o cual artista. Los legisladores que más han recomendado pintores para exponer su trabajo en la galería del Congreso son Raúl Vargas, José María Martínez, Roberto Marrufo, Enrique Aubry y Gustavo Macías.

Las exposiciones tienen una duración mensual y la distribución de este año ya está hecha. Antonio Sandoval, Carlos Rodal, Javier Chávez, Jorge Navarro, Salvador Rodríguez, Gaal Cohen, Carlos Vargas Pons, son quienes han expuesto hasta ahora.

Lourdes Sosa, Pedro Escapa, Carlos Larracilla, Francisco Guillermo Preciado y Francisco Morales son los artistas que completan la agenda de 2011.

Roberto Castellanos informa que la galería no tiene un presupuesto específico y que los recursos para darle vida salen de su dirección. La inversión monetaria que se realiza es de cien invitaciones en tamaño media carta y cien catálogos de ocho páginas para documentar el paso de los artistas por el espacio. “Al final, la inversión es mínima y se cumple con el objetivo de reconocer el talento de nuestros artistas”, señala.

Uno X Uno
Los expuestos

Algunos pintores que han pasado por la galería

• Luis Valsoto
• Jorge Martínez
• Carlos Rodal
• Benito Zamora
• Jorge Navarro
• Carlos Vargas Pons
• Miguel Ángel López
• Salvador Rodríguez

En perspectiva
Breve historia

Un museo de sitio malogrado

El proyecto cultural del Congreso del Estado es mucho más amplio que el de tener la Galería de Juristas. En realidad, según el proyecto conceptual, la galería sería parte de un museo de sitio en donde se pretende que los ciudadanos puedan echar un vistazo a los periodos más significativos de la historia legislativa. Este museo debería estar ubicado en lo que hoy es ocupado por las oficinas de Asesores Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que debería estar instalada en el nuevo edificio del poder legislativo. No obstante, Roberto Castellanos informa que la mudanza y acondicionamiento del eventual museo no se ha realizado por falta de recursos.

Guadalajara • Ignacio Dávalos

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Elisa Ayón de portada

SEJ no ve mal que Elisa Ayón tenga dos plazas como directora y que no se presente a laborar

“Ilegal”, dobleteo de diputada del PRI

La Ley de Servidores Públicos indica que debe pedir licencia sin sueldo: Bases Magisteriales.

El cobro de dos plazas como directora de primaria por parte de la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elisa Ayón Hernández, es ilegal, ya que la Ley para los Servidores Públicos del Estado establece que debe pedir licencia sin goce de sueldo, aseguró José Casillas, quien forma parte del Movimiento de Bases Magisteriales (MBM).

Dicha ley señala, en su artículo 42, que “cuando los servidores públicos tengan que desempeñar comisión de representación del Estado o de elección popular incompatible con su trabajo, la entidad pública les concederá el permiso o licencia necesaria sin goce de sueldo y sin perder sus derechos escalafonarios y de antigüedad”.

Las plazas como directora de primaria le fueron asignadas a la diputada en septiembre del año pasado en la escuela urbana 243, turno vespertino, y a mediados de febrero de este año en la número 96, turno matutino. Al respecto, el director general de Personal y Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación, Mario Salazar Madera, aseguró que Elisa Ayón cumplió con los requisitos para acceder a ambos cargos.

Explicó que cubrió el puntaje que se requiere para el ascenso y además entregó un oficio de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que ampara su ausencia de ambos planteles por estar comisionada a dicha organización, por lo que no es obligatorio que se presente a laborar.

José Casillas afirmó que aún cuando esté comisionada al sindicato, debe cubrir una carga horaria, lo cual es incompatible con su función como diputada. Aseguró que él también tiene una comisión y, cuando ha tenido que dedicarse a otra labor, pide licencia sin goce de sueldo.

La Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos señala en su artículo 9 que “hay incompatibilidad horaria cuando el servidor público desempeña una actividad y desarrolla a la vez otro cargo público remunerado, que coincida en el tiempo”.

José Casillas afirmó que el manejo irregular de los ascensos en Educación es común, ya que no se publicitan las plazas que quedan vacantes y así, autoridades y sindicato toman las decisiones.

Un funcionario de la Secretaría de Educación consultado al respecto, consideró que podría ser ilegal que se haya autorizado el ascenso a la diputada, al pasar de maestra de grupo a directora, teniendo una “comisión”, es decir, una autorización para realizar alguna función distinta, cobrando su salario. Afirmó que se contravienen las normas escalafonarias.

La Ley de Escalafón del Personal de Base de Educación en la entidad, señala que cuando un profesor deja “el grupo al que pertenece, para desempeñar otros empleos o comisiones en el departamento de Educación Pública, conservarán el derecho al puesto que tienen, computándose sus años de servicio para los efectos escalafonarios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20”.

Ese artículo refiere que para efectos de ascenso “a reingresantes, éstos serán considerados como de nuevo ingreso y no tendrán posibilidad de concurso escalafonario, hasta transcurridos seis meses”. Esto significa, señaló el funcionario, que debió regresar al salón de clases seis meses y, posteriormente, concursar por las plazas.

Además, las condiciones generales de trabajo para los sindicalizados de la sección 47, no prevén la ausencia de la responsabilidad docente para ocupar cargos de elección popular con goce de sueldo, pues éstos sólo se contemplan para casos como enfermedad, maternidad, matrimonio, muerte de un familiar cercano o periodos limitados a un máximo de 120 días.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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