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Promesa Pacto de Seguridad
septiembre 8, 2010
Queda en promesa pacto por seguridad
Fallan los tres Poderes en impulsar mesas de trabajo. Buscan diputados forma de materializar lucha vs. delincuencia y apoyo al empleo
Jessica Pilar Pérez
(31 agosto 2010).- El llamado a crear un gran pacto contra la inseguridad pública y el desempleo, que avaló el Congreso del Estado el 29 de julio pasado, -y al que estaban invitados los Poderes Ejecutivo y Judicial-, quedó en papel.
Ninguna autoridad ha tomado la batuta en cuanto a acciones para fomentar las mesas de trabajo que se comprometieron a realizar.
La propuesta surgió del coordinador de los legisladores albiazules, José María Martínez, el 21 de julio, y todavía no hay un sólo acuerdo.
Esta situación fue reconocida por Martínez; el líder del PVEM, Enrique Aubry, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Raúl Vargas.
«A quien le toca animar es a quien lo promovió, y me parece que sigue teniendo importancia; creo que Chema tratará el asunto el próximo miércoles. Me parece un tema de capital importancia que debemos, que tenemos, que atender», precisó el perredista.
Vargas descartó que se estén demorando en tomar acciones, porque, dijo, aún hay tiempo.
Por su parte, Martínez dijo que seguirá empujando el pacto, que consideró fundamental para concretar acuerdos en materia de seguridad y empleo entre los tres Poderes y priorizar la agenda política.
Los pasos a seguir consistían en crear políticas públicas para que el Ejecutivo pudiera aplicarlas con el fin de mantener el control en la seguridad pública y fomentar el empleo.
Además, que la Junta de Coordinación Política, en un plazo de 15 días, debería haber creado un formato con mesas de trabajo para discutir temas como:
- Ciudadanización de la política,
- gobernabilidad democrática,
- estado de derecho,
- fomento económico,
- educación,
- desarrollo humano y
- fortalecimiento del Poder Legislativo.
Aubry dijo que este pacto no debe quedarse en el aire y tienen que buscar la manera de ver cómo pueden retomarlo.
El coordinador del PAN urgió públicamente, desde el 21 de que hizo la propuesta, a este pacto como una manera de combatir los problemas de inseguridad pública que afronta el Estado.
«(Proponemos) cerrar filas, blindarnos como Jalisco, blindarnos como poder público, pero, sobre todo, cuidar a los jaliscienses de cualquier amenaza que pueda representar estos embates en materia de seguridad pública, y por supuesto, implica que todos pongamos nuestro mejor esfuerzo para que ello se dé», argumentó en aquella ocasión.
Esa vez, el panista también pidió que hubiera propuestas por encima de los chismes y «mitotes», en referencia a los problemas administrativos que ha tenido el Congreso local.
Este miércoles habrá reunión de la Junta de Coordinación Política, donde los diputados entrevistados se comprometieron a tratar el tema; sin embargo están obligados también a discutir el posible relevo del secretario general, Carlos Corona.
Este último tópico podría favorecer a que el tema del pacto de seguridad continúe en papel, pese a la urgencia que habían manifestado para aprobarlo en el Pleno.
Delitos por Narcóticos….
agosto 4, 2010
El coordinador de la Fracción del PRI, Roberto Marrufo Torres. foto de ARCHIVO
- Contemplan autorizar poseer dosis máximas en consumo personal de algunas drogas
Se prevé la revisión a los artículos 93 y 109 del artículo 1º del Código de Procedimientos Penales del Estado
GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2010).- El coordinador de la Fracción del PRI, Roberto Marrufo Torres anunció que el próximo martes durante la sesión de pleno, presentará una iniciativa de reforma al artículo 1º del Código de Procedimientos Penales del Estado, a fin de darles a los jueces locales competencia para conocer y resolver los delitos de narcomenudeo.
La propuesta prevé la revisión a los artículos 93 y 109 del mismo Código, además de adicionar el título vigésimo segundo, denominado Delitos Concurrentes con la Federación.
El líder de la bancada del PRI destacó que también prevé, por primera vez, la autorización para poseer dosis máximas de consumo personal e inmediato de algunos narcóticos, siempre y cuando no sea en alguno de los lugares señalados como prohibidos (centros educativos, asistenciales, policiales) o que la conducta sea realizada por servidores públicos, profesionistas, técnicos en la disciplina de salud.
El consentimiento que hace esta reforma sobre la posesión de dosis máximas de consumo personal van desde los cinco gramos, de marihuana, 500 milígramos de cocaína, una unidad con peso no mayor a 200 miligramos de pastillas conocidas como metanfetaminas, entre otras.
“Es importante aclarar que aquellas personas que posean dichas dosis, el Ministerio Público no ejercitara acción penal en su contra, pero de inmediato informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros de tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia y así como a la autoridad sanitaria para que adopte la resolución con el propósito de que promueva la correspondiente orientación medica”, concluyó.
En tanto, la fracción parlamentaria del PAN presentará también en el pleno una serie de reformas entre las que está otorgar facultades y atribuciones a la Procuraduría de Justicia, en la investigación de los delitos relacionados con el narcomenudeo.
El coordinador de los diputados del PAN, José María Martínez adelantó la semana pasada la intención de presentar estas modificaciones que incluye contar con un registro estadístico de delitos relacionados con el narcomenudeo y de quienes los cometen.
También se faculta al Poder Judicial para conocer expresamente del delito de narcomenudeo y aplicar las disposiciones de la Ley Estatal de Salud en materia de narcomenudeo.
Busca generar una inercia con la autoridad federal, en la que se considere al narcodependiente como un enfermo antes que como un delincuente; y que en todo caso se ataque el fenómeno del narcotráfico, a través de la prevención.
También buscan reformar el artículo 480 de la Ley General de Salud “para disponer la obligatoriedad de substanciar el procedimiento correspondiente ante las instancias de procuración y administración de justicia locales o federales conforme a las disposiciones previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales, garantizando así la aplicación de un sólo procedimiento”.
Propone cambios a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el apartado que establece las obligaciones y atribuciones de la Institución del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa.
También pretenden reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a fin de establecer textualmente la competencia de los jueces penales para conocer los delitos en materia de narcomenudeo.
Los panistas buscarán un Punto de Acuerdo, para la ampliación del presupuesto de la Procuraduría y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a efecto de que tengan los recursos necesarios para enfrentar estas nuevas atribuciones.
También pretenden reformar la Ley de Salud para encomendar nuevas atribuciones a los órganos encargados de la salud pública para el tratamiento y la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Las fracciones del PRI y del PAN pretenden modificaciones para combatir el problema del narcomenudeo y aún están pendientes por dictaminar una serie de iniciativas enviadas por el gobernador del Estado desde el año pasado en materia de seguridad.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
Unidad de vigilancia frenará a diputados
May 28, 2010
Candados a lavado de cuentas públicas
Rosario Bareño Domínguez
Guadalajara, Jalisco.- Descarta que se dé «lavado» de cuentas públicas al interior de la Comisión de Vigilancia, ya que con el nuevo Reglamento de la Unidad de Vigilancia no permitirá que los diputados «metan mano» o modifiquen cuentas públicas de ayuntamientos, Gobierno del Estado, Poder Judicial y otros entes, señaló el diputado Salvador Barajas del Toro, que confirmó que Guadalajara, en su cuenta pública del 2008, trae un cargo por 2.8 millones de pesos.
Asimismo, subrayó que las anteriores autoridades municipales de Tlajomulco y de Tonalá presentaron documentación para solventar los cargos fiscales, sin embargo reconoció que como es mucha la información será tardado revisarla.
Barajas, presidente de la Comisión de Vigilancia, indicó que el Reglamento de la Unidad de Vigilancia fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la Comisión, lo que significa que las cuentas públicas serán dictaminadas por la ASE.
Barajas comentó que en las cuentas públicas que se revisaron está la de Tuxpan en su ejercicio del 2003, donde quien era la presidenta del DIF Tuxpan percibió una prestación por arriba de los 19 mil pesos por aguinaldo, lo cual es irregular, ya que el cargo que ostentaba es honorífico.
La nueva Ley de Fiscalización marca que la comisión de Vigilancia no puede modificar un dictamen, sino que es a través de la Unidad; si existiera alguna observación, tendría que regresar a la Auditoría para que revise esas opiniones técnicas, señaló el legislador.
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Encubrir o castigar
May 21, 2010
Puntos y Contrapuntos
Encubrir o Castigar
El Congreso de Jalisco es un espacio privilegiado para la negociación, que con gran facilidad deriva hacia los perversos terrenos de la complicidad entre partidos políticos o grupos de poder dentro de los mismos partidos políticos, que intercambian favores para encubrir ineficiencias, abusos, excesos, frivolidades, corruptelas y flagrantes delitos, en el manejo del dinero y los bienes públicos que la sociedad ha confiado a quienes se les ha encomendado la delicadísima tarea de gobernar.
El Congreso de Jalisco tiene, entre otras facultades constitucionales trascendentes, la de revisar, examinar y fiscalizar las cuentas públicas (los gastos realizados durante el año) de todo el Gobierno estatal, del Poder Judicial y del mismo Poder Judicial; de todos los Gobiernos municipales; de todos los organismos paraestatales autónomos o descentralizados; de las empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo; o en su caso de cualquier persona o entidad pública o privada que reciba o maneje recursos públicos, mediante el análisis y estudio que realice su órgano auxiliar técnico-contable, la Auditoría Superior del Estado.
Sin participación ciudadana
abril 29, 2010
Instituto Electoral, sin participación ciudadana
Gabriel Torres Espinoza
La desproporcionada relevancia que adquiere la ratificación de los consejeros del Instituto Electoral reside, esencialmente, en dos factores: La inmerecida remuneración que la ley les prevé y los convierte en la manzana de la discordia –de los empleos mejor pagados y de menor esfuerzo– y, dos, la expectativa de los grupos políticos de influir en las decisiones de este órgano electoral.
Para nadie es un secreto que todos, absolutamente todos los consejeros electorales fueron apadrinados por algún político influyente. Los de hoy y todos los de antes. Unos con mayor formación política, electoral o jurídica y otros de plano en el papel de megáfono de quien los impulsó a ese sitio. Decir que hoy los partidos se quieren repartir el Instituto Electoral es un lugar común; ha ocurrido lo mismo todo el tiempo.
Iniciativa de Transparencia
abril 14, 2010
Presenta Abraham González iniciativa de transparencia
Se propone realizar adecuaciones a seis y ordenamientos
OC | Juana María Ramírez
Una Ley de Transparencia más responsable, en la que se contemplan penas más severas a quienes incumplan con su responsabilidad, la ampliación del abanico de quienes pueden ser sancionados por este motivo así como darle atribuciones al ITEI para imponer los correctivos, propuso el diputado Abraham González Uyeda en una nueva iniciativa sobre el tema.
El legislador panista, quien presentó una iniciativa con adecuaciones a seis leyes y ordenamientos, no incluyó propuestas que se hacen en 17 iniciativas anteriores presentadas por otras legislaturas, pero sí propone que se tomen en cuenta debido a que resultan de gran importancia para el enriquecimiento de la reforma.
Uno de los aspectos a destacar de la propuesta es en lo referente a la elección de los integrantes del Consejo del ITEI, en la que se establece que sean cinco consejeros y que la elección sea por parte de la sociedad, es decir, los candidatos que se presenten al pleno para elegir entre siete y nueve, sean propuestos por organismos ciudadanos y empresariales, o sea, que no sea a propuesta de los legisladores.
En lo que se refiere a las sanciones, establece multas de entre 16 mil y 33 mil pesos, que serían pagados de los recursos propios de los funcionarios que incumplieron con la Ley de Transparencia, la suspensión temporal en el cargo, la inhabilitación por 3 a 5 años, así como la ilegibilidad para un puesto de elección popular.
La propuesta establece que serán responsables de cumplir la ley y por consecuencia, acreedores a la sanción, la cadena de mando ascendente, hasta llegar a los titulares de los sujetos obligados, que pueden llegar a ser hasta los alcaldes, e incluso, al gobernador.
Establece, igualmente, la obligación de la actualización y ordenamiento de los archivos y documentos administrativos de los sujetos obligados.
Contemplar como entes obligados al Poder Legislativo, a la Mesa Directiva del Congreso para transparentar el uso de recursos públicos.
Incluye contemplar el desempeño legislativo de los diputados, la situación y el destino de sus propuestas, iniciativas y puntos de acuerdo, así como transparentar los actos del Poder Judicial y todo lo relacionado con el ejercicio de sus recursos públicos asignados y se transparenta toda la información referente a programas sociales y sus beneficiarios.
Hacienda Judicial
abril 8, 2010
Hacienda Judicial:Reparto Definido
Al abordar ayer la urgente necesidad de abrir y transparentar más el Poder Judicial, mencioné que en el Congreso están por quitar al Ejecutivo el manejo de la Hacienda Judicial para regresarla a magistrados y consejeros. Como es dinero, todos los involucrados están muy pendientes de esa bolsa y sobre todo, de su reparto. Se trata de entre 4 y 5 millones de pesos mensuales, producto de lo que se cobra por fianzas, copias certificadas, multas y otros trámites que los ciudadanos deben hacer cuando enfrentan un litigio. Ha sido manejada por el gobierno estatal desde 1997 y este 2010 regresa al Poder Judicial.
El regreso de estos recursos al Palacio de Justicia, coincide con las marcadas divisiones que existen entre los cinco integrantes del Consejo General, mismas que se agravaron por la iniciativa que envió el Gobernador al Congreso para desaparecer esta instancia, el año pasado.
Por eso, el jaloneo por las sumas está a la orden del día. La Comisión Legislativa de Justicia, que encabeza el diputado priista, Luis Armando Córdova, ha tenido que hacer un intenso cabildeo para construir una propuesta que sea aceptada por las partes en pugna. Y que de paso ayude a mitigar los conflictos internos. Las primeras propuestas, una de ellas presentada aquí ayer, han sido modificadas. La salida será repartir la Hacienda Judicial de acuerdo a los presupuestos de cada una de las instancias que constituyen el Poder Judicial.
Relación tensa entre poderes…
febrero 11, 2010
El gobernador buscó meter mano en la elección de magistrados
Relación tensa con el Legislativo y el Judicial
La mayoría de sus propuestas avanzaron en el Congreso. Cuando no, las vetó.
Guadalajara/Sonia Serrano Íñiguez
El Congreso del Estado se convirtió en los últimos tres años en el escenario de la polarización de fuerzas al interior del Partido Acción Nacional (PAN). Como consecuencia, las iniciativas del gobernador Emilio González Márquez tuvieron, antes de aprobarse, que enfrentar cuestionamientos y jaloneos en las negociaciones. Como respuesta, el mandatario “vetó” constantemente las leyes y reformas aprobadas por los diputados.
En cuanto a la relación con el Poder Judicial, el gobernador intentó recuperar la injerencia que sus antecesores priistas tuvieron sobre el mismo, después de que las reformas aprobadas en 1997 habían dejado prácticamente el control al Poder Legislativo.
González Márquez también tuvo diferencias con algunos actores políticos, como el grupo Universidad de Guadalajara, con quien tuvo momentos de reencuentro al comienzo de su gestión, pero después jaloneos, especialmente cuando se trató el tema del presupuesto para la casa de estudios. Le fue mejor con los presidentes municipales, aún de otros partidos, pues no tuvo reproches porque se hubiera politizado la distribución de recursos, obras y acciones.
La relación tensa entre el gobernador del estado y el Poder Legislativo se dio prácticamente desde el primer año. Al discutirse el primer presupuesto, ya diseñado por el gobierno de González Márquez, los diputados hicieron modificaciones que llevaron al titular del Ejecutivo a enviar en diciembre de 2007 un documento con 160 observaciones.
Así, empezó una política de “vetos” hacia las reformas aprobadas por el Legislativo, cuando estas no se ajustaban a las intenciones de González Márquez. El gobernador también hizo observaciones, en los meses posteriores, a los cambios que se hicieron a los códigos de Procedimientos Civiles y Penal; a la Ley Orgánica del Poder Judicial; a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; así como un segundo “veto” a reformas al Código Penal, y luego a los recién creados Código Urbano y Electoral.
Después, en diciembre del año pasado, llegó un paquete de observaciones a los últimos trabajos de la saliente Legislatura.
El gobernador vetó:
- L.las reformas sobre el Parque Metropolitano,
- Las leyes de Bienes del Estado,
- De Coordinación Metropolitana,
- De Tránsito y de Igualdad entre Hombres y Mujeres;
- Los códigos Penal, Penitenciario y Urbano y hasta …
- Cambios hechos a la Constitución, a pesar de que no tenía facultades en este último caso.
En cuanto a su relación con los partidos políticos, se tensó en algunos casos cuando se discutió el presupuesto o cuando se recortaron los apoyos extraordinarios a la Universidad de Guadalajara. De hecho, la última reforma propuesta por el gobernador en materia electoral, para reducir el financiamiento a los partidos públicos, ni siquiera ha comenzado a discutirse.
En cuanto al Poder Judicial, el gobernador aprovechó las fracturas al interior del mismo. Así, respaldó al grupo que encabeza el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez, para impulsar las reformas que le permitieran a éste tener un mayor control financiero, administrativo y sobre nombramientos, pero también que el Ejecutivo vuelva a tener mayor injerencia en este poder.
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