Arana y Villanueva

Arana y Villanueva, responsables de presuntas anomalías en cuentas

Congreso local | ASEJ | Irregularidades

El ex diputado del PRI, Jorge Arana, integrante de la Comisión de Administración en la pasada Legislatura.

• Confirman cargos a cuenta pública 2009

Los ex diputados del PRI figuran como los señalados en las observaciones a las finanzas, que la ASEJ envió al Legislativo

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2011).- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Salvador Barajas del Toro, confirmó las presuntas irregularidades en los manejos administrativos de la cuenta pública 2009 del Congreso local, en las que aparecen los ex diputados priistas Jorge Arana Arana y Jorge Alberto Villanueva, como principales responsables, en ese entonces de la Comisión de Administración.

Barajas del Toro refirió que la Unidad de Vigilancia recibió el legajo de observaciones que serán analizadas por este órgano auxiliar antes de ser remitidas para su votación en la Comisión de Vigilancia.

Como responsables de las presuntas anomalías, se señalan a los entonces integrantes de la Comisión de Administración que en un primer periodo estuvo presidida por el Arana Arana, y en un segundo, por Villanueva.

Las observaciones están divididas en tres periodos y se señalan como responsables a los diputados del PAN, Norma Angélica Aguirre Varela, del PT, Alfredo Zárate, del PRD, Samuel Romero Valle, del Verde, Luis Manuel Vélez Fragoso del Panal, Lorenzo Moccia y del PRI, Jorge Arana.

El segundo periodo señala a los mismos legisladores, sólo cambia el nombre de Jorge Arana por el de Jorge Alberto Villanueva, en el tercer periodo.

El presidente del Congreso local reconoció que los ex legisladores tienen la posibilidad —al igual que otros ex funcionarios públicos lo han hecho— de solicitar una suspensión ante el Tribunal de lo Administrativo, aunque aclaró que hasta el momento no tiene conocimiento que alguno de los legisladores lo hayan hecho.

Por ley, el Congreso local tiene un año para aprobar o desechar las cuentas públicas que envíe la Auditoría Superior del Estado, aunque consideró: “Por lo avanzado del análisis de las cuentas públicas de 2009, podríamos entrar a la discusión antes de ese plazo”.

De aprobarse estos cargos por los diputados, los propios legisladores deberían exigir a los ex integrantes de la comisión de Administración que reintegren estos recursos a las arcas del Legislativo.

Algunos de los cargos que subsisten en la revisión de la ASEJ está la falta de comprobación de pago de honorarios por 22 millones, falta de comprobantes de sueldos por 32 millones de pesos, falta de comprobantes para asesorías por ocho millones de pesos y falta de pólizas por 10 millones de pesos, por mencionar algunos de los cargos que permanecen.

ALGUNAS OBSERVACIONES
Faltan comprobantes de:

• Pago de honorarios, 22 millones 763 mil pesos.
• Pago de sueldos, 32 millones 102 mil pesos.
• Pagos de consultoría, 8 millones 874 mil pesos.
• Informes trimestrales de aplicación de gasto, 8 millones 36 mil pesos.
• Pólizas de Egresos por 375 mil 998 pesos.
• Informes trimestrales de la aplicación de 10 millones 768 mil pesos.
• Compra de artículos de limpieza, 437 mil 241 pesos.
• Alimentos, 46 mil 568 pesos.

¿Ignorancia, ventaja, inocencia?

Epicentro Informativo: «Alfredo Argüelles»

Amnesia… ¿Igual a fuero?

De los millonarios pagos al auditor superior Alonso Godoy Pelayo tampoco quedó registro en su memoria

Ex diputado sufre amnesia legislativa

El ex coordinador de la fracción del PRD en la LVIII Legislatura, Samuel Romero Valle, dijo no recordar que se hubieran depositado 5.5 millones de pesos en su cuenta bancaria o que su esposa y su hija también hayan recibido recursos del Congreso del Estado.

Samuel Romero Vallle dijo que ya está “retirado de la vida pública” y no quiso que se le entrevistara. Foto: MILENIO

En diciembre de 2009, el Congreso del Estado depositó 5.5 millones de pesos en la cuenta bancaria de Samuel Romero Valle, pero éste no lo recuerda. Ese mismo mes, el ex coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) abrió una cuenta bancaria a nombre del Poder Legislativo, junto con el ex secretario general, Alfredo Argüelles Basave, en la que se depositaron 30 millones de pesos que les había entregado la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), pero ya no lo recuerda.

De esa cuenta, abierta en IXE, salió un depósito de 1.3 millones de pesos para Samuel Romero, uno más por dos millones quince mil pesos a nombre de su esposa, Belia Vargas Sandoval, y otro por 140 mil pesos a nombre de su hija, Belia Romero Vargas, pero ya no lo recuerda. El ex diputado perredista firmó los acuerdos a través de los cuales se pagaron en 2009 6.5 millones de pesos al auditor superior Alonso Godoy Pelayo, pero dijo que ya lo borró de su mente. Tampoco se acuerda de las partidas que transfirieron a la bolsa de apoyo a las fracciones parlamentarias y que les permitieron, tan sólo en 2009, que creciera de 44 millones de pesos a 189 millones.

Ayer, parecía que Samuel Romero Valle padecía amnesia.

El ex diputado local tuvo su primera aparición pública, después de que se dieron a conocer las irregularidades cometidas durante la LVIII Legislatura, de la que él formaba parte. Acudió al Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), a donde fue citado como testigo en el proceso por la negativa del Poder Legislativo para entregar documentos sobre los gastos de la partida de apoyo a las fracciones parlamentarias.

Mientras esperaba para declarar, contó que había decidido retirarse de la política. De buen humor, también afirmó sentirse tranquilo y que había regresado a vivir a su rancho en Santa María de Gracia, en Tepatitlán.

Cuando terminó la audiencia, se negó a conceder una entrevista, aunque sí respondió a las preguntas que se le plantearon. Primero, se le cuestionó de los recursos de que se dispuso para la partida de apoyo a las fracciones parlamentarias. Señaló que “todos los recursos que la fracción recibió se ejercieron conforme al plan de trabajo”. Pero luego, dijo no recordar cuánto le tocó, por qué se entregaron apoyos extraordinarios y por qué se destinaron recursos de otras partidas, como honorarios o gastos de ceremonial, a las bancadas.

De los pagos a su esposa y su hija, afirmó que él cree que “todo se va a aclarar. Yo creo que todas las respuestas se las tienen que dar allá, en la Secretaría General”. De la remodelación a su rancho y la pavimentación del camino que conduce al mismo, aseguró no ser responsable.

No quiso hablar de las auditorías a su Legislatura. Indicó que no sabe en qué etapa van y, luego, enfatizó: “Yo realmente estoy retirado de la vida pública”. Se le insistió también en los pagos a Alonso Godoy. Dijo que no lo recordaba y que él en el Congreso era sólo un diputado de 40 que, sí influía en las decisiones, pero no era el único. Finalmente, aseguró: “Yo creo que nada se va a quedar sin aclarar”.

Declara ante el Tribunal de lo Administrativo

••• Después de año y medio de “retiro” voluntario de la política, el ex coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, Samuel Romero Valle, reapareció ayer, para rendir declaración como testigo ante el Tribunal de lo Administrativo en el Estado.

La audiencia en la que participó forma parte del juicio promovido por el ciudadano Gabriel Valencia López, quien solicitó al Congreso información sobre los gastos de las fracciones parlamantarias durante 2007. La información que se le entregó fue parcial y sin los documentos que la respalden, por lo que ha emprendido distintas acciones legales.

Acompañado de dos abogados, ayer Romero Valle respondió a las preguntas que le fueron planteadas por Gabriel Valencia. Cuando se le preguntó sobre el destino de los recursos o de las solicitudes de información al Poder Legislativo o a bancadas distintas a la suya, el ex diputado respondió que desconocía la información. Ante los cuestionamientos sobre los documentos que respaldaban el gasto de su fracción, sólo dijo que sabía que existían. Cuando se le cuestionó por qué no los había entregado, dijo que no era sujeto obligado.

Romero Valle era vocal de la Comisión de Administración y parte de la Junta de Coordinación Política en la anterior Legislatura. La de ayer, fue su primera aparición pública, después de que se conocieron las irregularidades que se cometieron durante la misma. Sólo acudió a hablar del ejercicio 2007 y de los recursos que se entregaron a las fracciones.

Al término de la audiencia, Gabriel Valencia dijo que le quedaba clara la arbitrariedad con la que habían actuado las autoridades del Congreso. Aseguró que él presentó la solicitud de los documentos ante la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, por lo que internamente debió definirse quién estaba obligado a entregar la información, que es pública.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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Son «TOTALMENTE PALACIO»

Son…¡totalmente Palacio!

Casi 306 millones “observados” por la Auditoría al Congreso (legislatura 58, periodo 2009) son una parte de “irregularidades” de un Poder que se empeña por opacar cualquier tipo de transparencia. La actual sigue los mismos pasos y no siquiera se sabe con certeza cuántos hay laborando (y cobrando) en ese Palacio –ahora sí.

La cifra, de por si escandalosa, se queda corta con la Auditoría externa por casi 500 millones.

La respuesta ahora es que “alguien” perdió los papeles y con ese conformismo apelan la ineficiencia.

Mientras, más de millón y medio de jaliscienses padecen pobreza alimentaria, según la Sedesol.

Mientras, de acuerdo con el reporte 2010 del Coneval, la pobreza alimentaria de Jalisco aumentó 4 por ciento, del 2008 al 2010, al pasar de 17.9 a 22.1 por ciento, incrementando paralelamente la pobreza extrema, por encima de la media nacional.

Mientras, la extrema promesa: empleo, educación, salud, seguridad…

Los abusos de la clase política lastiman cada vez más y provoca un enfrentamiento con la sociedad a través de dispendios, trucos legaloides y sin dar resultados.

La sociedad, ese ente tan imaginario pero tan real, coexiste entre la esperanza y la incertidumbre.

Una parte, quizás mayoritaria, aún confía que esto se compondrá, que si hemos salido de otras, lo haremos en ésta; otro grupo, menor en número, lucha por su lado y en grupos organizados, bajo la fórmula de protesta y propuesta.

Pero aun así, esa Sociedad está lejana a los lujos que se da una clase política que ni hace política ni tiene clase.

La reciente crisis de Estados Unidos es un espejo, y la solución “más mala pero viable”, según un congresista, es aumentar la deuda y bajar el gasto.

Fox terminó su sexenio con 18 mil millones gastados en su imagen y la de su gobierno; Calderón no llega al quinto año y ya sobrepasó los 21 mil millones de pesos.

Insultos a la inteligencia y a la integración.

Las anomalías reportadas por la Auditoría incluyen en un documento que se me proporcionó, 25 observaciones, aunque el total supuestamente es de 30.

Incluye, por mencionar un ejemplo, dos cheques por un total de 23 millones 516 mil pesos.

Hay que aclarar que la cantidad total de casi 306 millones, es solo de gastos sin comprobar. Habría que añadir los gastos que sí tienen el respaldo de una factura, lo que no quiere decir que sea útil.

La Auditoría Superior, entonces, señala que diario, en promedio, hubo gastos por 837 mil 789 que se esfumaron en el papeleo.

Cada uno de los entonces 40 diputados dispuso –en promedio- de 7.6 millones de pesos cuyo propósito no tiene respuesta.

Sin embargo, los 480 millones dados a conocer por la Auditoria externa, eleva el monto a 12 millones por diputado.

La diferencia es extrema y sin que se imponga orden.

Claro que para que ese Poder tenga esos privilegios, debe contar con el apoyo de otros poderes hechos (Ejecutivo y Judicial) y esos poderes facticos que a veces generan más influencia.

Cuando se abordan estos temas lastimosos, está la amenaza velada que “pronto” serán las elecciones y es ahí donde la dichosa Sociedad tiene oportunidad de expresar su repudio; pero ese esquema no ha funcionado.

La venganza electoral solo cambia los rostros pero no las acciones.

Lo que gira en sentido contrario a nuestras necesidades es el propio Sistema.

Entre memorándum, textos, proclamas, ordenamientos, comisiones, el Legislativo sabe por dónde entrarle a ese juego de palabras donde  malabarean números.

En promedio cada diputado cuenta con un séquito nominal de 38 que nos cuestan millones para que ellos sean totalmente Palacio.

EPICENTRO INFORMATIVO

Radar de Jaime Barrera…

El ‘justiciero vengador’ de la Legislatura 58

RADAR

Jaime Barrera Rodríguez

Sólo esa les faltaba.

Inventarse un héroe imaginario que viniera a repartir las culpas de los excesos y la voracidad de muchos de los diputados y diputadas que integraron la 58 Legislatura.

Bajo esa firma, la del ‘justiciero vengador’, se decidió filtrar a través de correos electrónicos el martes pasado un documento oficial de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que en mayo fue entregado al Congreso, donde justamente se piden cuentas de 305 millones de pesos que gastaron en 2009 los diputados y cuyo ejercicio no está debidamente comprobado.

En el Radar del viernes adelantábamos que venía el reparto de culpas. Que los mencionados y los señalados de siempre por los escándalos de la Legislatura 58 ya no quieren cargar todo el peso del desprestigio.

Por eso a los nombres de los responsables del manejo del Congreso del 2007 al 2009, Jorge Salinas Osornio, de la entonces fracción mayoritaria del PAN; Juan Carlos Castellanos, del PRI; Samuel Romero Valle, del PRD; Oscar Díaz Medina, del PANAL; Alfredo Zárate Mendoza, del PT; y Luis Manuel Vélez Fregoso, del PVEM; Jorge Arana, presidente de la entonces Comisión de Administración; y Alfredo Argüelles, entonces Secretario General, se han sumado otros como el del actual dirigente del PAN, Iván Argüelles, que se quedó en lugar de Salinas; el de Octavio Pérez Pozos que ocupó el lugar de Argüelles en la secretaría general; el del Alcalde de Tonalá, Antonio Mateos Nuño y el de Hugo Contreras, quienes siendo candidatos no dejaron de cobrar como diputados; y el de la hoy regidora tapatía Gloria Rojas Maldonado, que emitió esos pagos y manejaba las partidas presupuestales que le tocaban al PRI; o el de su hermano Omar Rojas, a quien Arana colocó como secretario técnico de la Comisión de Administración que él presidía.

En los próximos días se sumarán otros nombres más.

Lo que llama la atención es la invención del ‘justiciero vengador’ para hacer valer un documento oficial. Pero no podía ser de otra forma. Si lo hubiera presentado el titular de la ASEJ, Alonso Godoy Pelayo, nadie le hubiera dado ningún crédito, porque en él nada se dice de los pagos que por casi 10 millones de pesos extras a su sueldo se dio ese año. Habría aparecido como el fiscalizador cuestionado y encima autoexonerado.

Por eso necesitaron crear al héroe imaginario.

Al ‘justiciero vengador’, sin duda un engendro fantástico fruto del cinismo y de las complicidades rotas de una clase política y gubernamental acorralada. Pero también un parto inducido por las presiones sociales que claman fin a la impunidad causante de esta corrupción sin límites. Eso es lo valioso.

Twitter: @jbarrera4

jaime.barrera@milenio.com

Pierden papeles por 305 mdp

Por Jessica Pilar Pérez

(03-Ago-2011).-Los gastos realizados por la anterior Legislatura, la 58, durante el 2009 tienen anomalías por 305 millones 793 mil pesos, según el pliego de observaciones hecho este año por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

Esta cantidad es aproximadamente 175 millones de pesos inferior a lo encontrado este año por la empresa externa, Russell Bedford, contratada por la actual Legislatura para evaluar el desempeño de sus antecesores.

Ésta es la primera vez que trascienden las observaciones hechas a una Legislatura, ya que la única que hizo la ASEJ en el 2007 salió en ceros desde el pliego de observaciones.

Los responsables de justificar el monto de los señalamientos son los ex integrantes de la Comisión de Administración, que encabezó el priista Jorge Arana, y en caso de no encontrar la documentación que justifique cada erogación señalada se les fincarían a ellos los cargos fiscales.

El dictamen final todavía no llega a la Comisión de Vigilancia por parte de la ASEJ para ser votado a favor o en contra, y se desconoce si los responsables alcanzaron a justificar algunos señalamientos.

Las 30 observaciones emitidas por el órgano fiscalizador tienen un argumento similar: no encontraron los comprobantes, las pólizas de egresos, los soportes documentales o los respaldos que amparen esas cantidades.

MURAL tiene una copia del pliego de observaciones emitido en mayo de 2011, sin embargo faltan hojas de las observaciones 24 y 25, que suman 10.7 millones de pesos.

De las observaciones 26, 27 y 28 su monto suma 119.3 millones, pero el pliego no especifica a cuáles partidas corresponden. Por su ubicación en el reporte correspondería a las partidas de pasajes, viáticos y asignaciones a grupos parlamentarios.

La observación 23 señala 10.7 millones de pesos por gastos de representación y la número 9 manifiesta la erogación sin comprobar de 1.7 millones por mil 500 trajes que fueron recibidos por los beneficiarios.

Los 23.5 millones de pesos observados en mantenimiento y conservación de inmuebles, la Auditoría no encontró documentos para respaldar la emisión de los cheques.

Los 55.1 millones por impresiones y material informativo corresponden a las formas valoradas, algunas compradas a empresas fantasmas.

Otros señalamientos son por no hallar documentos en el pago de honorarios por 22.7 millones de pesos y sueldos de personal por 32.1 millones, entre otros.

A los ex diputados de la Comisión de Administración les dieron 30 días naturales para justificar los montos señalados.

La auditoría externa encontró gastos sospechosos por 480 millones de pesos en el 2009, sin dar oportunidad a los involucrados para emitir su opinión.

También reveló que esa Legislatura gastó 221 millones 630 mil pesos, un 36 por ciento adicional a los 620 millones 694 mil presupuestados para ese año.

A comprobar

Algunos de los señalamientos a gastos hechos por diputados locales en el 2009 son:

• $74.3 millones No tienen información de respaldo.
• $35.2 millones No coinciden los registros contables.
• $32.1 millones Sueldos de personal sin respaldo.

$22.7 millones Pago de honorarios sin documentos

Temas de la LVIII Ilegalidades

Da Congreso bono ilegal

Por Jessica Pilar Pérez

(28-Jul-2011).-Los diputados de la Comisión de Administración de la 58 Legislatura ordenaron el pago de un sobresueldo, que suma 1.5 millones de pesos, a dos empleados del Congreso de Jalisco violando la Ley Antibonos aprobada en el 2004.

Con un acuerdo individualizado de dos hojas firmado por todos los integrantes de la Comisión, encabezada por el priista Jorge Arana, se pidió que la Secretaría general pagara a partir de enero del 2008 una compensación de 15 mil pesos quincenales libres de impuestos al secretario técnico de esa comisión, Omar Rojas, y al jefe del departamento de Adquisiciones, Carlos López Valdivia.

Rojas, hermano de la regidora tapatía Gloria Rojas, y López Valdivia eran piezas clave en los trámites de compra y manejo de los recursos financieros.

Este bono se pagó durante dos años un mes y representa el 60 por ciento del salario que recibían Rojas y López Valvidia, que era de 25 mil pesos libres de impuestos por quincena.

«Se instruye al secretario general y a la dirección de control presupuestal y financiero del H. Congreso del Estado a entregar al jefe del Departamento de Adquisiciones, Lic. Carlos López Valdivia, una compensación de 15 mil pesos por quincena libres de impuestos a partir de enero del 2008», señala el documento con fecha del 18 de enero de 2008, del cual MURAL tiene copia.

El otro acuerdo señala exactamente lo mismo, pero evita mencionar el nombre y sólo pone el cargo de secretario técnico. Se desconoce si hubo más acuerdos de este tipo en esa Legislatura.

Esta situación se compara con lo ocurrido con el pago de 9.8 millones de pesos adicionales al sueldo del Auditor superior, Alonso Godoy.

El ex secretario general, Luis Octavio Pérez Pozos, suplente en varias ocasiones del titular Alfredo Argüelles, señaló que como empleados de los diputados sólo ejecutaban lo que les pedían, y su respaldo son esos acuerdos por escrito.

«Un secretario general no tiene ese libre albedrío de poder disponer de los recursos a su antojo, todo tiene que ser en base a instrucciones que te da la Comisión de Administración», argumentó.

Pérez Pozos reconoció que en algunos casos los integrantes de la Junta de Coordinación Política también estaban involucrados porque tomaban acuerdos que enviaban a la Comisión de Administración y ésta a la Secretaría general.

Recomendó que los legisladores locales realicen los cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para acortar las facultades de la Comisión de Administración.

El artículo 54 bis 1 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco señala que queda prohibido para todo servidor público, otorgar o recibir prestaciones distintas a las establecidas en esta ley y demás disposiciones legales aplicables.

Los integrantes de esta Comisión fueron la panista Angélica Aguirre Varela, el perredista Samuel Romero Valle, el de Nueva Alianza, José Guadalupe Madera Godoy, el petista Alfredo Zárate Mendoza, el ecologista Luis Manuel Vélez Fragoso y Arana.

Editoriales de Jose Luis Cuellar Garza

José Luis Cuéllar Garza / Recuperar la cordura



José Luis Cuéllar Garza

(26 julio 2011).- 1.- Investigan al auditor.

«El Congreso del Estado ordenó una inspección al Órgano Superior de Fiscalización (OSF), encargado de auditar al Gobierno, (al propio Congreso) y Municipios, ante presuntas irregularidades que se pudieran estar cometiendo en la revisión a las cuentas públicas. Incluso, las instalaciones del OSF fueron resguardas ayer por cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para evitar que fueran sustraídos documentos relacionados con las revisiones.

«Fuentes consultadas por MURAL indicaron que durante la revisión a las cuentas públicas del último semestre del 2010, que se practica al Gobierno del Estado y a los (…) Ayuntamientos, la Comisión de Vigilancia del Congreso observó que el órgano no les proporcionaba la información suficiente para realizar los dictámenes, por lo que decidieron practicarle una auditoría.

«Consideraron que el OSF no estaba realizando su trabajo adecuadamente, ante un ocultamiento o carencia de información, por lo que algunos miembros de la Comisión de Vigilancia consideraron que pueden existir irregularidades de parte de su titular.

«Por su parte el diputado presidente de la comisión, confirmó que se practica una revisión al OSF. ‘(El órgano) se está auditando y además es parte de un trámite normal, la anterior Legislatura lo hizo también; es nuestro deber también ver que esté todo en orden. Obviamente si hay irregularidades, si hay situaciones que no sean sanas, la comisión tendrá que tomar medidas y el Congreso, obviamente’, añadió.

«Dijo que el titular del OSF sigue en el cargo, sin embargo, otras fuentes señalaron que ya habría renunciado luego de que en un principio se negaba a dejar el cargo ante la sustitución que pretende realizar el Congreso, lo que también motivó la revisión. ‘La presencia de la Policía obedece a tener resguardada la documentación que el Órgano Superior de Fiscalización tiene en su poder y que es muy delicada’, indicó el diputado».

La nota anterior se publicó este viernes, 22 de julio (MURAL, página 8, Estados). Pero no se refiere a Jalisco, sino a Aguascalientes, ni refiere a alguno de nuestros legisladores, sino al diputado Arturo Robles Aguilar, presidente de la citada comisión. Al día siguiente, este mismo diario publica en primera plana la siguiente nota:

Aceptan fraude en el Congreso

«En las bodegas del Congreso del Estado no existe ni uno solo de los millones de recibos oficiales -formas valoradas- que compró la pasada Legislatura a la empresa Publicidad y Diseños Impresos del Río, a la cual le pagaron 9.8 millones de pesos. El secretario general del Congreso, José Manuel Correa, expuso que también comprobaron que esa empresa no existe. ‘No existen esas formas valoradas en nuestro almacén’, manifestó. Sí se pagaron las formas valoradas, expuso, y nunca se entregaron, además que sería inverosímil tener tantos documentos en bodegas.

«‘Sí se pagó, pero no existe la mercancía, no existe. Quiero decirle que sí se pagó, pero no existe el volumen’, precisó. A pregunta expresa de si se trató de una compra simulada, dijo que eso le toca determinarlo al Auditor superior, Alonso Godoy, quien es cuestionado por haber recibido 10 millones de pesos como pago adicional a su salario, por lo que será juez y parte.

«El Auditor está realizando una revisión a la Cuenta Pública 2009 del Poder Legislativo, donde la auditoría externa hecha por la empresa Russell-Bedford detectó estos pagos como irregularidades junto con otros. ‘Eso nos lo tiene que decir la Auditoría Superior del Estado. Ella nos tiene que emitir un dictamen público en ese sentido’, justificó Correa. El secretario general descartó que pudiera interponer alguna acción legal, porque no tiene facultades y sólo le corresponde hacerlo a los diputados locales».

Finalmente ayer, también en nota principal, MURAL informa que, según el Indicador de la Actividad Económica Estatal del INEGI, Aguascalientes ocupa el 6º lugar en dinamismo económico, frente a Jalisco, que alcanzó apenas el sitio 21 respecto a 32 entidades federativas.

No se trata pues de un asunto menor. El inocultable desarreglo institucional jalisciense, la falta de coordinación intergubernamental, de cooperación entre poderes y la discordia política prevaleciente está afectando a economía y sociedad. Urge un acuerdo político antes de entrar al tobogán electoral de 2012. Una sincera confesión partidista y una buena poda. Un blindaje económico para la compleja transición que viene. Y una tregua, para no pasar bochornos en los Panamericanos.

Sale en Congreso la nómina oculta de la 58

Por José David Estrada y Jessica Pilar Pérez

(20-Jul-2011).-Durante el 2008, la secretaría general del Congreso del Estado pagó más de 5 millones de pesos en una nómina oculta en la que fueron beneficiados 59 supuestos trabajadores.

Esta práctica fue calificada por la auditoría realizada por Russell-Bedford como una irregularidad por tratarse de pagos por servicios de honorarios sin contratos ni evidencia del producto final.

El responsable de la nómina en la 58 Legislatura fue el entonces secretario general y actual diputado Alfredo Argüelles.

Un total de 59 personas aparecen en esta nómina, a la cual MURAL tuvo acceso, y 21 de ellas recibieron más de 100 mil pesos en el año, entre quienes está Leticia Espiricueta, a quien se le giraron ocho cheques por 261 mil pesos.

Ella también aparece también en la revisión que Russell-Bedford hizo al ejercicio 2009 y revela que los 12 cheques que recibió ese año fueron endosados a nombre del entonces diputado del PT, Alfredo Zárate -actual regidor en Acatlán de Juárez-, quien cobró los 450 mil 172 pesos.

Al menos 20 de los beneficiados con cheques en 2009 terminaron endosándolos a personajes clave en la 58 Legislatura.

Uno de ellos es Jaime Miguel Arteaga Aguilera, hombre de confianza de Argüelles, quien tenía entre sus funciones llevarle los cheques de nómina a las oficinas de los diputados.

Arteaga Aguilera cobró en 2009 un total de 32 cheques que estaban a nombre de Miguel Rubén Cisneros, Sara Alicia Elizondo, Alberto Montero González y Juan Manuel Moreno por un total de 520 mil 656 pesos.

Ese año, 2009, también cobró siete cheques endosados el actual regidor tapatío del PAN, Ricardo Ríos, por 175 mil 645 pesos.

En la nómina oculta de 2008 vuelve a aparecer Omar Rojas, hermano de la regidora Gloria Rojas y ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Congreso, con un cobro de 370 mil pesos y repitió en 2009.

También está Rubén Bautista, actualmente empleado en el área de Comunicación del SIAPA, quien cobró 66 mil 692 pesos, aunque en 2009 le endosó a Miguel Rubén Cisneros un cheque por 83 mil 321 pesos.

Otro beneficiado es Gilberto Iván Pindter, quien tenía hasta junio de 2010 el puesto de asistente general en el Congreso, con un solo cheque por 165 mil pesos.

Este personaje aparece también como comisario en una empresa fundada recientemente por Luis Octavio Pérez Pozos, quien se quedó como secretario general de la 58 Legislatura cuando Argüelles pidió licencia.

 

DESCONOCE DETALLES

Aunque la Legislatura pasada hizo pagos por formas valoradas que alcanzarían a cubrir hasta 98 años, el diputado Raúl Vargas, presidente de la Comisión de Administración, afirmó desconocer cuánta papelería tienen.

«No tengo en conocimiento (de si hay en bodega), no lo hemos revisado, es una información que habrá que preguntarle al responsable», comentó.